La pequeña Fátima fue secuestrada el 11 de febrero. Su cuerpo destrozado fue hallado el 15 de febrero. Cuatro días después, sus presuntos verdugos fueron localizados y detenidos.
Falta por ver si el expediente está bien armado y si las pruebas con las que cuenta la fiscalía de la Ciudad de México son suficientes para sujetar a proceso a los implicados y luego obtener una sentencia condenatoria. Pero, por ahora, las autoridades parecen haber mostrado eficacia en este caso específico.
Eso significa que nuestro sistema de seguridad y justicia no está enteramente desarmado, que hay casos que sí se pueden resolver, que la impunidad no tiene que ser universal.
El problema es que esa dosis de eficacia se asigna como en lotería. Le toca al que sea responsable de un acto que genere suficiente atención mediática o involucre a personajes conocidos, o sea, por diversos motivos, particularmente ruidoso. Los delincuentes no saben de antemano cuáles van a ser esos actos: pueden matar a 15 y salirse con la suya, y, al día siguiente, matar a uno y ser objeto de persecución sostenida. ¿A qué conclusión llegan entonces? A que la persecución es resultado de la mala suerte y no de su conducta específica.
¿Qué sucedería si, en contraste, las autoridades se comprometieran de manera pública, explícita y reiterada a perseguir con particular vigor a los responsables de ciertos actos específicos (como matar niñas y niños, por ejemplo)? Probablemente bajaría la incidencia del delito en cuestión.
¿Cómo funcionaría ese mecanismo en la práctica? Un instrumento posible son los planes de persecución penal que por estos días se preparan en varias fiscalías del país. Allí se podría detallar con claridad suficiente las prioridades del aparato de procuración de justicia. Sin embargo, para que el mensaje llegue sin interferencias a donde tenga que llegar, se requiere ser detallado y explícito. No basta con decir que el homicidio es una prioridad: se requiere incluir los tipos de homicidio que recibirían un tratamiento como el que se le otorgó al caso de Fátima (infanticidio, feminicidio, etc.).
Para que la advertencia tenga efecto, tiene que ser creíble. Y para que sea creíble, se tienen que cumplir dos condiciones: 1) dadas las carencias actuales del aparato de seguridad y justicia, las categorías escogidas tienen que ser poco frecuentes: tal vez no sea posible hoy concentrar recursos suficientes en todos los homicidios, pero sí en los homicidios de menores de 15 años (467 casos en 2018) o en los feminicidios (1,006 casos en 2019); y 2) la respuesta excepcional se tiene que detonar en automático, con o sin presión social o mediática: para eso, se requieren mecanismos de control interno y de supervisión externa que aseguren que eso suceda.
Por otra parte, si la advertencia se queda en un oscuro documento burocrático, no sirve de nada. Es necesario comunicar ampliamente las prioridades de persecución penal, por todas las vías posibles.
Nada de lo anterior significa que no se deban atender todos los delitos. Pero la realidad es que la autoridad va a hacer distinciones. Y dado eso, el criterio de selección no puede ser la suerte o las veleidades de la opinión pública, sino la protección de las personas más vulnerables.
Hay además un argumento estratégico para establecer prioridades ex ante: si, por ejemplo, todos los feminicidios detonasen una reacción excepcional, tal vez habría menos casos de ese tipo y, por tanto, más recursos para atender otros homicidios.
En resumen, felicidades a las autoridades por detener a los presuntos asesinos de Fátima. Ahora toca usar estratégicamente ese éxito para evitar otras tragedias.
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