Este año tendremos las pláticas de revisión del T-MEC y el ejercicio será por demás complicado. El Gobierno de Estados Unidos aprovecha su poder de negociación, exige de todo a manotazos y argumenta violaciones cuando quebrantó de inicio aspectos medulares del tratado, al aplicar aranceles a productos que cumplen con las reglas de origen y que están exentos de cualquier tasa impositiva (por ejemplo, al acero, aluminio y sector automotriz). Fiel a su visión, Trump argumenta que este esquema de integración no es tan relevante, cuando la realidad económica y los propios intereses estadounidenses indican otra cosa. En México, lejanas están aquellas épocas donde ciertas ideologías políticas veían al comercio internacional como parte de un maligno liberalismo económico; es claro que la producción, competitividad e ingreso nacionales están anclados de manera importante al libre flujo de capitales, mercancías y servicios.

Recordemos que, a diferencia del TLCAN, el T-MEC tiene una vigencia finita de 16 años (expirando en 2026), a menos que las partes decidan renovarlo. Es fundamental que esto suceda relativamente pronto, porque a medida que pasen los años la incertidumbre puede generar efectos tóxicos para todos los países involucrados, pero con un efecto de mayor magnitud sobre México por sus condiciones de dependencia económica hacia el mercado estadounidense y su precariedad institucional.

Un primer reto obvio será contener los embates proteccionistas que puedan afectar nuestras inversiones y exportaciones en condiciones de asimetría. Justo esto sucedió cuando el TLCAN fue sustituido por el T-MEC; el país tuvo que asumir algunos costos a cambio de preservar lo que en esencia ya teníamos. Pero ahora se agrega toda una agenda de temas regulatorios que preocupan a Estados Unidos y que pasaron a formar parte de la ecuación. Esto incluye asuntos en todo tipo de categorías: (i) aduanas y facilitación comercial; (ii) actuación de Cofepris y acceso al mercado de fármacos/dispositivos médicos; (iii) agroquímicos, agricultura y biotecnología; (iv) infraestructura de calidad y propiedad intelectual; (v) servicios, energía y minería y, más recientemente, (vi) administración aeroportuaria.

Llama la atención la multiplicidad de temas y el nivel de detalle: problemas en los cruces fronterizos, aplicación inconsistente de normas oficiales y etiquetados, retrasos en registros sanitarios, obstáculos en las importaciones de pesticidas, decisiones regulatorias no basadas en datos o la ciencia, piratería, régimen para servicios de pago electrónico, criterios del SAT, condiciones de competencia en las telecomunicaciones, costos de espectro radioeléctrico, política energética con favoritismos a las empresas estatales y administración de operaciones en el AICM/AIFA. Aunque existen algunos avances concretos, como de la eliminación a la prohibición de importación de maíz transgénico (después de la decisión de un panel binacional bajo el T-MEC) y la postergación a la prohibición de la importación de glifosato hasta que encontremos alternativas viables, no es claro que se deba hacer exactamente o se esté haciendo en todos los demás frentes.

Al margen de donde vengan los reclamos y en que contexto se manifestaron, es fundamental retomar la agenda regulatoria, modernizar procesos, combatir la burocracia ociosa y usar la racionalidad técnica como guía de intervención en la economía, pues durante mucho tiempo el descuido en este sentido ha sido enorme. En algunos temas (como el energético, telecomunicaciones, desaparición de organismos autónomos o la reforma judicial) ya se tomaron decisiones fundamentales y es difícil dar reversa, pero existe mucho espacio para mitigar impactos adversos y buscar equilibrios. Y en muchos otros no existe excusa ni obstáculo político para avanzar y generar mejores reglas el juego en beneficio del país, independientemente de que por coletazo generemos mejores condiciones de negociación para el T-MEC.

Maestro en Derecho por Oxford. Especialista en regulación y competencia. Socio Director de Faya & Associates

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