Recordemos las palabras del historiador Adolfo Gilly (2006): “No es en la economía ni en la política sino en la historia (en cada historia específica), en sus tiempos largos y en su complejo entramado de relaciones de dominación y dependencia, donde se puede descifrar el código genético de cada revolución”. Bajemos algunas rayas en lo que alude a revolución. Pensemos en el hecho específico que ocupa estas líneas. Nos recuerda Eduardo Castilla (Orden, proscripción y saqueo: el régimen neo-libertador de Milei, Clarín, Techint y el FMI, La Izquierda Diario, 26/06/2025), que “1955 se transformó en un año de guerra civil contra las masas populares. Las bombas asesinas que el 16 de junio cayeron sobre esos puntos negros que corrían a través de Plaza de Mayo prologaron el régimen Libertador”.
En la página oficial de la Subsecretaría de Derechos Humanos (Ministerio de Justicia, Argentina, consultado el 27/06/2025) se señala: “Pocas veces en la historia mundial miembros de las Fuerzas Armadas de un país, con la connivencia de sectores políticos y eclesiásticos, descargaron sus bombas y ametrallaron a la población civil como forma de implantar el terror e intentar tomar el poder. En toda la historia argentina, a su vez, jamás una ciudad fue objeto de un bombardeo por parte de fuerzas extranjeras”. Continúa el texto: “El 16 de junio de 1955, la Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, encabezó un ataque que tenía como objetivo principal asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete para consumar así un golpe de Estado […] Aviones que surcaron el cielo del centro de Buenos Aires lanzaron más de cien bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos”. Con esta operación se desarmaba, señala Castilla, “el poder de cuerpos de delegados y comisiones internas” sindicales, es decir, representación obrera democráticamente elegida por sus bases.
A esto le sucedería, entre otras cosas de represión ordinaria, los fusilamientos de José León Suárez (la denominada "Operación Masacre", de Rodolfo Walsh, que consistió en la indagación profunda por las ejecuciones extrajudiciales realizadas el 9 de junio de 1956, casi un año después del bombardeo de Plaza de Mayo), y los gobiernos dictatoriales ocupando la historia larga. Citemos al historiador inglés E.P. Thompson (1994), para completar el cuadro: “A medida que algunos de los actores principales de la historia se alejan de nuestra mirada —los políticos, los pensadores, los empresarios, los generales—, un inmenso reparto de actores secundarios, que habíamos tomado por meros figurantes en el proceso, ocupa el primer plano de la escena”. Vayamos ahora a la evidencia empírica argentina, resumida en el documento de la Subsecretaría de Derechos Humanos: “Los vasos comunicantes entre el ataque de junio de 1955 y la última dictadura se evidencian, también, en algunos de sus protagonistas: los tres ayudantes del ministro de Marina, contralmirante Olivieri, máxima autoridad militar de los conspiradores, eran los capitanes de fragata Emilio Eduardo Massera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. Massera fue miembro de la Junta Militar que asaltó el poder en marzo de 1976;
Mayorga estuvo involucrado en la Masacre de Trelew, en la que se asesinó a sangre fría a diecinueve prisioneros en la Base Almirante Zar de esa ciudad el 22 de agosto de 1972); y Montes se desempeñó como Canciller y como titular de la Fuerza de Tareas 3 de la Armada, y en cuanto tal fue jefe de la ESMA, durante la última dictadura cívico-militar”.
Un período largo de control, disciplinamiento y proscripción, casi al infinito, con el objeto del régimen Libertador de “des-peronizar salvajemente a las masas. Violentando hasta la intimidad, el Decreto 4161 impedía siquiera nombrar a Perón, Evita o, incluso, tener símbolos justicialistas” (Castilla, 2025).
La historia continúa ahora, en el presente, con un nuevo apretón de tuercas, que implica fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la búsqueda de modificar el código laboral, rasurando los convenios colectivos de trabajo, la transformación de la Policía Federal en una policía política (con eso de la cercanía de Milei con Israel, y la rehechura de una paráfrasis del repunte del Mossad en suelo argentino -no lejana la nostalgia del Plan Cóndor-). Ahora la proscripción tiene en la mira a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que no se logró por la vía física (la anulación), quienes hayan sido los actores intelectuales, ahora se logra por la vía jurídica: proscripción de por vida a la expresidenta para intervenir en política; prisión domiciliaria (y para no limitarse, nada de traspasar ventanas indiscretas). Antes se impedía nombrar a Perón o a Evita; ahora los periodistas cercanos al régimen dicen que no es proscripción, así como ahora también se impide incluso salir al balcón (prohibido tomar sol o un mate o mirar la calle o bailar). Diego Genoud, comentarista político argentino, señala que el bloque de poder decidió sacar de las elecciones a Cristina, lo que se materializó en la acción de la Corte Suprema, al “sacar del juego democrático a la expresidenta”. Este hecho genera preguntas: el protagonismo reciente, fruto de esta censura judicial y política (¿acaso hay una frontera entre éstas?), cómo se va a traducir en la realidad política, encarnando el malestar y a las víctimas de la política de Milei. Se trata de, en el gobierno de Milei, “una oposición social en la calle […] que está pidiendo a gritos quién la represente”. No es menor la franja social que está en la encrucijada, se trata al menos de la mitad del país.
Entre líneas, en el texto destaca el lawfare, el uso “estratégico del sistema legal para lograr objetivos militares o políticos”, lo que antes se podía alcanzar por la vía militar. Bajo estas premisas publicamos el texto “Los herederos. Del uniforme militar a la toga” (El Universal, 26/11/2022). Traigamos a la memoria parte del documento: “En algunos casos, recambios en el fusil y el uniforme militar para dar paso a la toga y el birrete. En otros, fue la continuidad en los cargos del poder judicial, más cercanos en sus prácticas a lo cortesano que al republicanismo, en nado sincronizado con el (in) discreto encanto e influencia de los medios hegemónicos de difusión. Los casos de estos excesos del poder judicial, y su accionar desestabilizador, están a la vista. En Perú, el gobierno de Pedro Castillo –profesor de educación primaria, artífice de acciones de huelga en la región donde se desenvolvía profesionalmente- ha sido bloqueado sistemáticamente por la ofensiva judicial, en pinzas con el conservadurismo presente en el poder legislativo (el peso del fujimorismo comovariable central). Acusado en diferentes causas, ligándolo a delitos de tráfico de influencias, plagio, organización criminal, por atentar contra la tranquilidad pública. Ni un segundo para dejarlo gobernar.
En el “Brasil brasileiro”, Luiz Inácio Lula da Silva –obrero metalúrgico, organizador de los trabajadores, encabezando huelgas como un recurso de presión en el contexto de la dictadura brasileña-, fue el presidente elegido para remplazar a Bolsonaro. Los 580 días en prisión le impidieron despedirse, ver en sus últimos días, a Arthur, su nieto de 7 años de edad: un poquito de miseria humana aderezando la venganza política. Dejó la prisión por la fragilidad de las acusaciones en su contra. Antes de ello, como parte de una ofensiva escalonada, los hombres y las mujeres encargados de impartir justicia enfrentaron la iniciativa de Dilma Rousseff, cuando nombró a Lula Ministro de la Casa Civil. De entrada, el nombramiento fue suspendido primero en el Tribunal en Brasilia y, en esos ires y venires, acabó siendo suspendido desde el Supremo Tribunal de Brasil. Años después ganó la presidencia por un estrecho margen, en una elección de Estado desde el comando bolsonarista, producto del uso indebido de todos los recursos para detener a Lula”. Ahora, historia fresca, Andrés Arauz, de Revolución Ciudadana (fuerza ligada al expresidente Rafael Correa en Ecuador), vive en carne propia el lawfare. Donde pongamos el índice en América Latina, en la cartografía del abuso jurídico, allí hay evidencias de lawfare.
Como podemos apreciar, no es algo nuevo ni de orden reciente. No apartemos el lawfare del poder económico, pues hay una composición orgánica con el poder económico (con los grupos concentrados, con los que mandan el país -parafraseando a Alejandro Bercovich-), reconociendo que el poder económico “es heredero y continuador de aquella oligarquía terrateniente que, masacrando pueblos originarios, edificó el país sobre sus intereses. De aquel empresariado que empujó el golpe gorila de 1955 y el terror genocida de 1976” (Castilla).
Se trata de un poder que se ampara en el marco jurídico (y todo el repertorio de recursos para legitimar el monopolio legítimo de la violencia normalizadora-normativa). Comprender los alcances del lawfare, a diferencia de planteos que señalan a la luz de la llegada de J. Milei a la presidencia argentina, de que no se veía por dónde venía la derecha, en este caso la proscripción se encuentra en la línea del tiempo de la derecha, una historia larga que pone en el centro de la escena que para la derecha y la ultraderecha la democracia no es “faro” para su acción, para nada, pues tal como señala Pablo Stefanoni (2021), “Los neorreacionarios defienden la libertad personal, pero no la libertad política”. Si la democracia es usada por la derecha para alcanzar sus fines, podemos tensar este supuesto en la fenomenología del control democrático (en el combo de grupos económicos concentrados, poder judicial, pesos de los medios de difusión y redes sociales, entre otras, que deviene en poder concentrado) en la experiencia argentina.
PS. Este documento responde a la invitación de la Comunidad Argenmex en Defensa de la Democracia y Argentinos para la Victoria-México.
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