Concluyó la visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El Comité es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación por los Estados Parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Se trata de la primera vez que el Comité visita un país desde su creación en 2010, la cual se realizó por invitación del Estado mexicano, tras el reconocimiento de la competencia del Comité para conocer de quejas individuales en 2020; una demanda histórica de las familias de víctimas de desaparición.
El Comité visitó 13 entidades federativas; sostuvo reuniones con 80 autoridades de los tres Poderes de la Unión, así como con órganos autónomos y familiares y colectivos de las víctimas. Ello incluyó reuniones con 10 gobernadores, con las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina y Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional de Búsqueda, el Mecanismo de Protección a Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como las Comisiones de Ayotzinapa y Guerra Sucia. Al igual que con distintos órganos autónomos: FGR, CNDH, INE e INAI.
Resaltan los encuentros que sostuvo con 33 colectivos y el acompañamiento en tres búsquedas y una exhumación. Participó en dos visitas a centros de identificación humana, dos visitas a centros de resguardo de cuerpos, así como a cuatro prisiones y tres estaciones migratorias.
Se prevé que el informe de la visita sea presentado ante el Pleno del Comité en marzo de 2022, el cual incluirá recomendaciones a diversas autoridades, que ayudarán a enfrentar la crisis de desaparición e identificación humana que vive el país.
El Comité reconoció la apertura del Estado mexicano y que el Gobierno de México haya asumido como prioridad la atención al grave problema de desaparición de personas, así como los avances registrados: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Protocolo Homologado de Búsqueda, el Fortalecimiento de las capacidades de búsqueda, la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, los centros de resguardo e identificación humana, así como las Comisiones de Ayotzinapa y Guerra Sucia y el Mecanismo de búsqueda de migrantes. También reconoció la resolución de la SCJN en favor del carácter vinculante de las Acciones Urgentes del Comité.
Fueron múltiples los temas que probablemente serán incluidos en su informe, como la impunidad que prevalece en la procuración e impartición de justicia, la falta de coordinación entre fiscalías, autoridades y familiares de las víctimas, y el que las fiscalías no asumen su responsabilidad en la búsqueda por una errónea concepción de su autonomía, lo que limita el acceso a la justicia de las víctimas.
Observó que la desaparición de personas prevalece como una práctica asociada a la delincuencia organizada, así como a la actuación de agentes del Estado, en especial en el ámbito municipal, y que el modelo de investigación para la procuración de justicia debe ser replanteado, a partir de realizar análisis de contexto e investigación de macrocasos.
Remarcó la necesidad de fortalecer las capacidades e infraestructura forense, ya que las fiscalías no cuentan con capacidades para resguardar cuerpos no identificados ni con capacidades para su identificación, destacando la necesidad de contar con una base nacional de datos genéticos y con una cedula única de identidad para toda la población.
Además, el Comité adelantó que recomendará que mejoren las políticas de prevención del delito de desaparición, se construyan mecanismos de protección a funcionarios y familiares que realizan búsquedas y se promueva un Plan Nacional de Reparaciones.
El informe será atendido puntualmente, pues como lo ha demostrado el reconocimiento de la competencia del Comité y la invitación a visitar nuestro país, el Gobierno de México da cuenta de su apertura al escrutinio internacional y de su decisión de encarar esta dolorosa situación.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
