La mayoría de la población ha acompañado la decisión de transformar a fondo al poder intocado, al poder que durante décadas se resistió a reformarse, dando resguardo a las añejas formas e intereses del viejo régimen: el Poder Judicial.
Las múltiples campañas promovidas contra esta reforma no han podido acallar la profunda corrupción que prevalece en ese poder, donde han encontrado cobijo, desde evasores de impuestos multimillonarios, hasta cabecillas de los cárteles delictivos que operan en el país. El poder encargado de impartir justicia abdicó de su deber primigenio, renunciando a hacer justicia, edificando un escenario de impunidad que favorece la violencia y las prácticas recurrentes de violación a la ley.
La reforma es urgente e impostergable. Sin embargo, es necesario advertir los retos y problemas que se han presentado durante el proceso y en particular para la jornada electoral.
Se trata de una elección sui generis, única en la historia del sufragio en nuestro país, que, a diferencia de los procesos electorales regulares, someterá a la ciudadanía listados de personas que participan en lo individual, sin la marca de un partido, una planilla, un color, e inclusive una circunscripción territorial precisa.
Se trata de una elección distinta incluso con otros procesos, como la elección de 50 diputados y diputadas a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016, cuando la elección se realizó por planillas postuladas por partidos y candidatos independientes, que estableció el principio de representación proporcional pura en su integración, en la que participaron más de 2.1 millones de personas, (28.7% del padrón local); o la consulta sobre la revocación del mandato del Presidente López Obrador, donde se respondió, en sentido positivo o negativo, a una sola pregunta respecto a su permanencia en el cargo, en la que participaron 16.5 millones de electores, (17.7% del padrón nacional).
A la complejidad de esta elección, donde en algunas entidades los ciudadanos recibirán hasta 12 boletas, en el caso de Tamaulipas, al concurrir con elecciones locales, o en el caso de la Ciudad de México, donde los electores recibirán nueve boletas: seis federales y tres locales, para marcar el número del candidato de su preferencia en cada boleta, en un tiempo que, podría llevar más de diez minutos en promedio.
A la complejidad del proceso, se suman distintas resoluciones del Consejo General del INE -ratificadas por mayoría en el Tribunal Electoral de la Federación-, que ponen en entredicho avances alcanzados en décadas anteriores respecto a la confianza y certeza de los procesos electorales. Por ejemplo:
El INE resolvió la implementación de la Urna Única. En una sola urna se depositarán todas las boletas electorales. Estas urnas se podrán sustituir cuando la instalada se encuentre llena, por indicación de la presidencia de la mesa directiva de casilla.
Las boletas electorales sobrantes, no serán anuladas, ya que el INE dispuso que, al cierre de la votación, los funcionarios de casilla embalarán las boletas sobrantes y las enviará al Consejo Distrital, procediendo solo a la clasificación y conteo de las boletas, y por primera vez en la historia del país, el escrutinio y cómputo de los votos no se realizará en la casilla, sino en los Consejos Distritales.
Estas medidas representan un retroceso en la fiscalización de los procesos electorales, al no permitir el recuento de los votos en la casilla y rompe con la trazabilidad de los resultados, desde la casilla hasta el cómputo final. El embalaje de las boletas sobrantes en lugar de su inutilización, siembra duda sobre su utilización indebida, dejando en indefensión a los cientos de candidatas y candidatos que participan en estos comicios y en la falta de certeza a los electores que concurrirán a las urnas, que solo una activa participación de los electores podrá garantizar.
Secretario de Metrópolis de la Ciudad de México.
