El pasado 13 de enero durante la conferencia matutina del presidente de México, se presentó el informe sobre los onerosos contratos que se suscribieron durante la administración de Felipe Calderón para la construcción de los centros de reclusión federales concesionados al sector privado bajo el esquema de “Contratos de Prestación de Servicios”.
Se trata de ocho contratos firmados entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, cuando el Secretario de Seguridad era Genaro García Luna, con el objetivo -se dijo- de utilizar la inversión privada para encaminar un sistema de operación penitenciaria, que daría paso a incrementar la infraestructura para la reinserción social y combatir la corrupción en el sistema penitenciario, lo que no se ha logrado
Estos contratos fueron adjudicados de manera directa hasta por 22 años, y en ellos se establecen cláusulas leoninas en favor de particulares en detrimento del erario público. Por ejemplo: los pagos a estas empresas deberán cubrirse por el gobierno federal desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación del contrato, estableciendo que, aunque no haya personas privadas de su libertad (PPLs), se tiene que pagar la totalidad de la ocupación estimada, al tiempo que, al término del contrato, el inmueble y sus instalaciones, serán propiedad del proveedor.
Se establece que la responsabilidad en la operación y seguridad de cada centro penitenciario corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, correspondiendo a las empresas concesionarias, brindar las condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios, como la adquisición del terreno, el equipamiento, el desarrollo de la infraestructura, el diseño del proyecto, así como el pago de la conservación, el mantenimiento de las instalaciones y equipo de laboratorio, la limpieza, la jardinería, la alimentación, la dotación de uniformes y artículos de higiene personal a las PPLs.
Esto ha representado para el país un gasto de casi 75 mil 662 millones de pesos en 9 años y la proyección total del costo a 20 años por 266 mil 300 millones de pesos. Para dimensionar la magnitud de este abuso, basta señalar que el promedio de gasto mensual en estos centros es de 114 mil 570 pesos por PPL, es decir, un gasto diario de 3 mil 819 pesos por persona, siendo el centro penitenciario femenil de Morelos el que registra el mayor costo anual con 2 millones 340 mil pesos por PPL, lo que equivale a un monto diario de 6 mil 411 pesos por persona. En contraste con los centros de reclusión de la Ciudad de México, donde el costo promedio por persona es de 500 pesos diarios.
La pretensión de privatizar el sistema penitenciario federal tampoco se ha traducido en una mejora los servicios. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado por la CNDH en 2019, señala que las concesiones de centros penitenciarios no mejoraron las condiciones en las PPLs. Los temas de mayor incidencia fueron: deficiencias en los servicios de salud; insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación, de actividades educativas y deportivas; insuficiencia en los programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria y deficiencia en la atención a personas adultas mayores.
En materia penitenciaria México tiene un largo camino por recorrer. Sin embargo, el Estado mexicano debe asumir la rectoría sobre la reinserción social, la que no puede ser delegada a empresas privadas cuyo fin es el lucro.
El objetivo del sistema penitenciario es la reinserción social, con base en el respeto a los derechos humanos, por lo que es erróneo crear incentivos contrarios desde los negocios. La privatización del sistema penitenciario ha resultado además de onerosa un fracaso para garantizar la reinserción de quienes han violado la ley.
