El lamentable suceso que representa la tragedia en el Colegio Cervantes en Torreón, es una llamada de atención, para quienes cumplimos con una responsabilidad en el gobierno y para la sociedad.
Eventos dramáticos que conocíamos en otros países con modelos de sociedad diferentes al nuestro, hoy se manifiestan como una de las mayores expresiones de violencia y vulnerabilidad a las que están expuestos niñas, niños y adolescentes en nuestro país, con consecuencias en sus vidas. Datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dan cuenta de esta situación: 6 de cada 10 niños entre 1 y 14 años de edad han sufrido alguna agresión psicológica o castigo físico. Diariamente se cometen 8 homicidios de NNA. Cada año dan a luz más de 11 mil niñas entre 10 y 14 años de edad. En promedio, cada día, más de 150 niños son atendidos en diversas instituciones públicas y privadas por maltrato infantil. Actualmente se encuentran registrados más de 6 mil NNA desaparecidos. El suicidio de NNA de 10 a 17 años va en aumento. Cada día los NNA tienen una relación con la violencia, en el acoso escolar, la violencia de género, la exclusión, en las redes sociales o en los contenidos de los programas televisivos y videojuegos.
La explotación sexual infantil crece, al igual que la cooptación voluntaria y forzada de NNA por parte del crimen organizado. La participación en casos de secuestro por parte de menores de edad, son ejemplo de las consecuencias de la violencia que enfrentan.
La población adulta ha perdido conexión y comprensión con las nuevas generaciones. El deterioro de la convivencia familiar y comunitaria, acrecienta las diversas formas de violencia y la desintegración de los núcleos familiares, al tiempo que las nuevas formas de organización y convivencia familiar, así como la compleja realidad socioeconómica, profundizan las brechas de comunicación y conversación con las nuevas generaciones.
Es imperativo construir nuevos puentes de diálogo, basados en el reconocimiento del problema, a fin de fortalecer los ámbitos familiar, escolar y comunitario, estableciendo, en los tres órdenes de gobierno, acciones en contra de las violencias que aquejan a la niñez y a los adolescentes, con una visión integral y de respeto a los derechos humanos.
Las violencias no solo se consuman en el tiroteo en una escuela, son violencias que se expresan en la vida cotidiana, en el castigo corporal, el abuso sexual, los homicidios y los suicidios que afectan la vida de niños y adolescentes, que lamentablemente, como sociedad, se han venido normalizando.
Se requiere de una acción política firme que privilegie la protección y garantía de los derechos de niñez y adolescencia, para recomponer el tejido social, así como la convivencia familiar, escolar y comunitaria.
Corresponde al estado la creación de los planes de acción en contra de la violencia infantil y adolescente, el fortalecimiento de las procuradurías de protección de niñez y adolescencia. Revisar los lineamientos de clasificación de los contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos, así como la clasificación y comercialización de videojuegos.
Hay que fortalecer las políticas públicas de protección integral para garantizar el derecho de la niñez y la adolescencia a una vida libre de violencia y de toda forma de discriminación, luchando contra la cultura de normalización de las violencias que aquejan la vida cotidiana de niños y adolescentes.
Urge acción desde la sociedad, recuperar los valores de cohesión e identidad que deben representar las familias, la escuela, el barrio, el pueblo, el deporte, condición indispensable para remontar esta situación en momentos en que la violencia ha anidado en los hogares.
Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración
