Los mexicanos han elegido un nuevo Poder Judicial. Cerca de 13 millones de mexicanos participaron en la inédita elección de 881 integrantes del Poder Judicial, poniendo punto final al último reducto del viejo régimen, abriendo paso a una nueva conformación, ahora electa por el voto popular, cuya encomienda es construir un nuevo modelo que garantice un verdadero acceso a la justicia.
No ha faltado quien sostiene que esta elección dio por terminada la democracia en nuestro país, cuando el Poder Judicial nunca fue democrático, pues de origen era una expresión del presidencialismo, que con el aval de del Senado, nunca tuvo problemas para aprobar las ternas enviadas por el presidente en turno. Ni quienes sostienen que la elección carece de legitimidad, cuando sus detractores llamaron a no votar, ni quienes afirman que esta reforma no liberaba a los juzgadores de compromisos ideológicos, ya que su elección provenía de su adherencia al proyecto político hegemónico, menospreciando la madurez de los electores.
Queda atrás, una institución que antepuso a la justicia intereses económicos y empresariales, priorizando transacciones comerciales, inversiones privadas y procesos de privatización, muchos de ellos impulsados con la violencia del Estado, por encima del interés público y sobre los derechos sociales, laborales y ambientales. Basta recordar casos como la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, o múltiples litigios contra empresas mineras en comunidades indígenas.
Durante décadas, el Poder Judicial fue incapaz de reformarse, de resolver los problemas de corrupción, nepotismo e impunidad en su interior. Resulta absurdo, que entre 2019 y 2024, solamente 27 magistrados y 26 jueces fueron sancionados por el Consejo de la Judicatura Federal, en un sistema judicial fincado en el influyentísimo, con altos niveles de corrupción, incapaz, además, de romper con las barreras económicas y sociales que hicieron de la justicia un privilegio para quien pudiera comprarla.
La democracia es por principio una forma de gobierno, donde se somete a escrutinio a las instituciones del Estado. Este principio aplica, por supuesto a la elección, en la que es innegable que se trató de un ejercicio que requirió de una incipiente e insuficiente pedagogía, para conocer el perfil de muchos candidatos y el abrumador número de boletas y listas de candidatos a votar, lo que no es óbice para poner en duda un proceso trascendental para el país, que busca encarar y superar los problemas históricos y estructurales en materia de justicia. Ahora bien, en una elección tan compleja y sin precedente, con toda seguridad resultarán electas mujeres y hombres que han sido severamente cuestionados y que deberán asumir que, su elección no es un cheque en blanco, y que, por el contrario, el escrutinio público sobre su gestión, ahora resultado de un ejercicio plebiscitario será muy ajeno al confort e impunidad que una designación presidencial ofrecía.
Por otro lado, se celebraron elecciones municipales en Veracruz y Durango, cuyos resultados contrastan con los obtenidos en la elección presidencial de 2024. En Veracruz, si bien la coalición Morena-PVEM se mantiene como la primera fuerza política, pierde posiciones municipales, mientras Movimiento Ciudadano se coloca como segunda fuerza. En Durango, el partido Unidad y Grandeza consiguió la mayoría de los municipios, mientras que la coalición Morena-PVEM-PT obtuvo el segundo lugar. Una lectura importante de estos resultados para Morena es que tiene que replantear su práctica política sin perder sus principios para mantener su papel como fuerza esperanzadora para el país. El pragmatismo y el exceso de confianza tienen límites.
Alejandro Encinas Rodríguez
Secretario de Metrópolis de la CDMX
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