El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Esta fecha rememora la labor de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien denunció las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo salvadoreño, y llamó al ejército a detener el genocidio: “Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla”, nada menor en las épocas obscuras de América Latina, y enmarca una de las tareas más importantes en materia de derechos humanos, la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición.
La década de los años 60 y 70 representaron en América Latina una época dolorosa en la historia de sus pueblos por alcanzar la democracia. Fueron tiempos de represión política y de terror enmarcados en golpes de Estado en Guatemala, Brasil, Chile, Uruguay, El Salvador y Argentina. Durante 30 años se instauraron regímenes autoritarios que buscaron acallar las voces críticas y las luchas sociales en favor de la democracia latinoamericana.
Parte de ello fue la violencia política en Argentina que, desde julio de 1974, y en particular con el golpe militar perpetrado un 24 de marzo de 1976, que instauró una dictadura cívico-militar de terror que dejó profundas heridas en el pueblo argentino. Además de asesinar y desaparecer a miles de personas, se buscó borrar la memoria de las y los hijos de las personas desaparecidas, fomentando el secuestro, desaparición y ocultamiento de identidad de hijos de detenidos desaparecidos dados ilegalmente en adopción, que ahora conocemos por la admirable lucha de las Madres de Plaza de Mayo.
El exilio argentino en nuestro país comenzó desde 1974 y creció exponencialmente a partir del golpe de Estado hasta llegar a 8 mil personas exiliadas. La mayoría llegó por su cuenta, a pesar de que la embajada mexicana estaba cercada por militares por el conflicto diplomático por negar el salvoconducto del expresidente Cámpora y su familia, e impedir el acceso a decenas de perseguidos que buscaban asilo en nuestro país. Los exiliados lograron su integración en nuestra sociedad, conformando una novedosa identidad, los Argenmex, como resultado del cobijo de la cultura mexicana de amparar y proteger a las personas frente a las injusticias, les ayudó a subsanar heridas.
Conmemorando el derecho a la verdad, se realizó un intercambio de expedientes entre México y Argentina que conforman el reconocimiento de la riqueza social, política y cultural que heredamos ambos países y pese a que México refrendó su carácter como país de asilo, tuvo claroscuros, que permiten hoy colaborar en materia de políticas de memoria y derechos humanos.
Si bien hubo una relación tensa con la dictadura argentina, pues los militares golpistas reclamaban a México otorgar libertades a los exiliados para “desempeñar actividades militantes”, las personas exiliadas fueron objeto de vigilancia y seguimiento por los aparatos represivos del gobierno mexicano. Así lo acredita el acervo entregado al embajador argentino, Carlos Tomada que contiene 3 mil 484 fojas que dan cuenta de las acciones de seguimiento por parte de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación y que, en reciprocidad el gobierno argentino hizo entrega de los archivos respecto a los ciudadanos mexicanos víctimas de la dictadura en ese país.
Como lo señaló el embajador Tomada, “esta trágica historia de violaciones graves a derechos humanos, masivas y sistemáticas, ha dejado un saldo enorme, pero también una experiencia en materia de defensa de los derechos y un reconocimiento internacional como referente en materia de memoria de verdad y de justicia”, que debemos de conocer como parte de nuestra historia compartida.
No podemos olvidar el peso de la memoria para la democracia. Ésta constituye un elemento crucial para la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Recordar el pasado reciente es clave para construir una ciudadanía tolerante, comprometida con los valores democráticos en cuya memoria radica la garantía para que estos deleznables acontecimientos no se vuelvan a repetir.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
