El resultado de las pasadas elecciones ha permitido alinear los astros para que, por fin, se pueda avanzar en la construcción de un nuevo modelo de gestión y gobernabilidad metropolitana que incluya acciones conjuntas de cooperación entre el gobierno federal y los estados de la región centro del país para conjugar esfuerzos y enfrentar problemáticas comunes.
A diferencia de las condiciones existentes cuando el PRI fue el partido hegemónico en el país, y mantuvo al entonces Departamento del Distrito Federal, “la ciudad del presidente”, como una dependencia del gobierno federal, donde el Regente de la ciudad y sus aspiraciones políticas estuvieron siempre supeditadas al ejecutivo federal, y prevalecía una tensión permanente con el Estado de México, el que veía con recelo la coordinación metropolitana, pues presumía, en los años ochenta, que era el inicio para anexar, al menos, 18 municipios conurbados de entonces, cercenando el territorio mexiquense, el contexto actual es diametralmente distinto.
Se ha definido la autonomía política de la Ciudad de México, y se le ha dotado de una Constitución, y por otro se ha conformado una red de gobiernos en las entidades del centro del país, que sostienen una clara identidad con el gobierno federal, entre los que existen coincidencias para abordar problemas comunes que trascienden las fronteras jurídicas que imponen los límites territoriales y la regulación administrativa.
Existen además la legislación y los instrumentos que permiten establecer las relaciones de cooperación y capacidades institucionales para acordar y ejecutar políticas y acciones que atiendan el interés público y objetivos comunes, favoreciendo a la vez la participación de la ciudadanía.
La propia Constitución de la Ciudad de México mandata al gobierno capitalino y a las alcaldías a impulsar la creación de instancias y mecanismos en coordinación con la federación, los estados y municipios para la planeación democrática, el desarrollo y la prestación de servicios de impacto regional y metropolitano, en todas las materias, a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sostenibilidad y calidad vida en la metrópoli.
La agenda de prioridades está prácticamente definida, en particular en lo relativo a replantear la gestión integral del agua, así como la movilidad en la región, la seguridad ciudadana y la eventual creación de una policía metropolitana, las políticas ambientales respecto a contaminación atmosférica, el manejo de residuos y la protección y preservación de los recursos naturales y el suelo, el rescate y creación de espacios públicos metropolitanos, y de manera particular atender un tema que fue abandonado por las políticas neoliberales, como la atención y planeación de los asentamientos humanos.
Incluso, una coordinación de esta naturaleza, debe revertir la segmentación y contradicción entre acciones específicas, para avanzar, por ejemplo, en una sola política de placas y tenencia metropolitana, o garantizar una verificación vehicular homologada.
No se parte de cero. Se cuenta con experiencias que han avanzado en acciones de coordinación como las Comisión Ambiental Metropolitana y otras que lamentablemente quedaron atrás. Mas allá de replicar estas experiencias que han cumplido ya su ciclo, es momento de aprovechar esta oportunidad y obtener resultados que permitan avanzar en nuevas formas de gestión y gobierno en la metrópoli, dejando atrás las inercias y celos institucionales renuentes durante décadas a nuevas modalidades de gobierno.
Comisión de Transición del Gobierno Electo de la Ciudad de México
