El desplazamiento involuntario de población por gente de mayor capacidad económica, o gentrificación, ha estado presente en la agenda de las grandes ciudades del mundo. Barcelona, San Francisco, Nueva York o Berlín, por ejemplo, tienen registros de movilizaciones desde 1999. El fenómeno se remonta a 1964, cuando la socióloga británica Ruth Glass acuñó el concepto para explicar el fenómeno en Londres.
La gentrificación se refiere al proceso en el que población con alto poder adquisitivo se apropia de zonas urbanas por su bajo costo, historia, ubicación o conectividad, modificando el entorno urbano, los negocios y servicios, causando un alza en el costo de vida que, finalmente, desplaza a la población originaria hacia zonas periféricas.
Se trata de un fenómeno multicausal que, fundamentalmente, se encuentra en la especulación inmobiliaria resultado de la falta de oferta de vivienda asequible y el encarecimiento del valor del suelo, así como por las limitaciones en las políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda y el acceso de servicios a la población originaria.
En la CDMX este fenómeno se ha exacerbado por la falta de oferta de vivienda suficiente. De acuerdo con el Inegi, en 2020, 207 mil viviendas se encuentran deshabitadas, mientras que 70 mil eran de uso temporal. En los últimos 20 años, las viviendas habitadas por particulares crecieron tan sólo en 31 mil 250 viviendas por año.
El costo del suelo y de la vivienda se han incrementado considerablemente, impidiendo que la mayor parte de las familias puedan adquirirlas. Entre 2010 y 2021, sólo el ocho por ciento de los hogares de menor ingreso pudo adquirir una vivienda, mientras que el 24 por ciento de este sector, se hacinó o se instaló en suelo de conservación, expulsando, a la periferia o a otros estados, a 20 mil familias cada año desde 2021.
Otra de las causas que alientan este fenómeno es el crecimiento de los alojamientos temporales a través de aplicaciones digitales en colonias como Condesa, Hipódromo Condesa, Roma o San Miguel Chapultepec, donde se incrementaron considerablemente los precios de renta de vivienda.
Para enfrentar esta problemática es necesario adoptar medidas que garanticen los derechos y el bienestar de la población, frenando la especulación inmobiliaria a través de instrumentos que permitan la estabilización de rentas, la regulación efectiva del hospedaje temporal, la protección de los derechos de los inquilinos, así como programas de arraigo comunitario, rehabilitación de inmuebles subutilizados, redensificando las zonas con presión inmobiliaria, y estableciendo programas de vivienda en arrendamiento, de protección a los comercios y oficios tradicionales locales y, sobre todo, una política de vivienda social que garantice la habitabilidad, asequibilidad, y seguridad jurídica de sus habitantes.
Se trata de fortalecer la identidad y el arraigo de las comunidades en los barrios y colonias en zonas de alta presión inmobiliaria, asegurando la convivencia local, su economía y la preservación de su identidad y valores, así como su patrimonio histórico y multicultural.
Secretario de Metrópolis
