La irrupción en Palacio Nacional, presuntamente por estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, que derivó en el derribo de la puerta de la calle de Moneda, marca un antes y un después en la relación del gobierno federal y los padres y madres de los estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala en septiembre de 2014.
Este acto de provocación se da en uno de los momentos de mayor tensión entre las autoridades responsables de la investigación del caso y los padres de familia, y su desenlace debe ocuparnos a todos, a fin de que se reestablezca la interlocución entre el presidente de México y los familiares.
Es necesario romper con la inercia de los últimos meses, donde por un lado se pretende negar los avances alcanzados en la investigación y por el otro se busca crear una interlocución distinta de la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, con los padres de familia que, si bien son víctimas de esta tragedia, se han distanciado del grupo mayoritario, prestándose a su manipulación para participar en movilizaciones en demanda de la libertad de uno de los presuntos responsables de la desaparición de sus hijos.
La provocación favorece un caldo de cultivo para quienes desde un inicio han pretendido establecer una narrativa que busca crear un absurdo paralelismo entre la actuación del actual gobierno con el que creó la verdad histórica, negando los cambios y avances registrados desde el momento en que el actual gobierno asumió el caso como un asunto de Estado.
Los hechos concretos dan cuenta de ello. No voy a reiterar el contenido de los informes y del adendum publicado. Sería útil, al menos, que los detractores de la investigación se tomaran la molestia de leerlos. Solo he de insistir que los mismos dan cuenta del tiempo, lugar y circunstancia en que se desarrollaron los sucesos. Quiénes, cuándo y dónde se registró la actividad de al menos 434 personas en estos hechos. Cómo desde días antes de la desaparición diversas autoridades hacían seguimiento de las actividades de los normalistas, incluso de la presencia de un soldado informante dentro de la escuela y del grupo de estudiantes desaparecidos sin que sus mandos iniciaran su búsqueda a la que estaban obligados.
Se da cuenta de las actividades del grupo delictivo Guerreros Unidos y de la red de intereses y complicidades construida en colisión con autoridades municipales, locales y federales, incluidos elementos del ejército en la región, así como de sus acciones y omisiones, lo cual fue borrado en la llamada “verdad histórica”.
Se informa de las labores de búsqueda en campo, que han permitido el hallazgo e identificación de dos estudiantes, que se suman al del estudiante ya identificado en 2014; así como el análisis e identificación genética de casi 500 cuerpos y decenas de restos óseos por parte de la FGR, el EAAF y la Fiscalía General de Justicia de Guerrero entre 2014 y 2024.
Así como de la labor de la fiscalía especial del caso (Ueilica) y de los avances en el proceso de judicialización: 112 personas privadas de la libertad, entre ellos, integrantes de Guerreros Unidos, el exprocurador General de la República; el exdirector antisecuestro de la SEIDO; un exministerio Público de la SEIDO; 16 elementos de la Sedena, entre ellos los excomandantes del 27 y del 41 Batallón de Infantería; el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero; el expresidente Municipal y la expresidenta del DIF de Iguala, policías municipales, estatales, federales y ministeriales, así como de tres solicitudes de extradición y 10 órdenes de aprehensión por ejecutar.
Es preciso revertir esta dinámica. Fortalecer la búsqueda de los 40 normalistas que faltan, manteniendo la interlocución de los familiares con el Presidente de la República, y atender el reclamo de los padres y madres respecto a la entrega de 866 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, de los cuales han sido entregados 34, se tiene referencia de otros 36, así como la transcripción de dos comunicaciones intervenidas al grupo delictivo.
Debe prevalecer la mesura. Romper el diálogo con el Ejecutivo o desautorizar a los padres y madres de familia, significaría que la provocación montada lograra su objetivo.
