Hoy se cumplen diez años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desde el primer momento he mantenido una estrecha relación con el caso.
En el Senado de la República me correspondió hacer la denuncia de los hechos en la primera sesión tras los acontecimientos, establecer desde entonces la relación con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos y hacer el seguimiento del caso como Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y como integrante del Grupo de Trabajo del Senado en octubre de 2014, con el mandato de reunirnos de inmediato con los titulares de Sedena, Gobernación, el Cisen y la PGR. Desde entonces conocí la narrativa oficial que conduciría a la “verdad histórica”.
En esos espacios señalé que los deleznables acontecimientos suscitados en Iguala evidenciaron el naufragio gubernamental, la profunda crisis de derechos humanos por la que atravesaba el país y la descomposición de un Estado, incapaz de dar cuenta de cuál fue el móvil para desaparecer a los 43 jóvenes, toda vez que era falso que se habían movilizado a Iguala con el propósito de reventar el informe de la presidenta del DIF, ni de determinar quiénes integraron la red de complicidades que permitió el desarrollo y la operación de estos grupos delictivos en la región, y qué autoridades federales o locales incurrieron en acciones u omisiones que permitieron estos hechos.
El 22 de enero de 2015, renuncié al PRD. Lo hice por convicción y en congruencia con mis ideas. No podía mantenerme en las filas de un partido que a cuatro meses de la tragedia, sus dirigentes guardaron silencio y apostaron al desgaste y al olvido; que no exigieron la renuncia y el deslinde de responsabilidades de los ediles emanados de sus filas a quienes la PGR acusó de estar involucrados con el crimen organizado en Guerrero; que no informaron de las relaciones y mecanismos a partir de los cuales estos ediles accedieron a sus candidaturas y por qué no actuaron con firmeza ante las denuncias sobre el presunto asesinato de al menos, cuatro militantes perredistas atribuidos al expresidente municipal de Iguala.
Siempre sostuve una relación de respeto con las madres y padres de los estudiantes. El 11 de septiembre de 2015 acudí al programa Jaque al Rey en Rompeviento, donde tuve un diálogo con don Mario González, quien me interpeló, en mi carácter de senador, como parte de los responsables de la desaparición de los muchachos. Al término del programa don Mario me dijo una frase que se me ha quedado grabada en la memoria: “entienda, licenciado, que estoy enojado, muy enojado, estoy enojado con Dios”.
Al cumplirse el primer año de esa trágica noche, el 26 de septiembre de 2015, en la tribuna del Senado señalé que era lamentable no haber dimensionado la magnitud de los hechos que representan la desaparición de los 43 estudiantes y de los siete homicidios cometidos ese día en Iguala, y que se insistiera en la retórica que pretendía eludir responsabilidades sin entender que lo sucedido esa noche trascendía el ámbito local.
Señalé que las primeras conclusiones del GIEI habían demolido la investigación realizada por la PGR y la poca credibilidad que existía en las instituciones encargadas de impartir justicia, y demostré, desde entonces, que las autoridades en sus distintos órdenes mintieron a los mexicanos con su “verdad histórica”, manipularon la información e hicieron todo lo imposible por borrar todo rastro sobre lo sucedido esa noche.
Demostré cómo todas las autoridades estuvieron informadas a través del Centro de Comunicación de Seguridad Pública, el C4 de Iguala, el que monitoreó a los estudiantes desde su salida de la escuela, su paso por Chilpancingo, su llegada a la terminal de autobuses de Iguala, e hizo el registro de los puntos donde fueron agredidos, así como del levantamiento de los estudiantes por parte de policías de distintas corporaciones, lo que se ratificó más adelante con la identificación de un soldado infiltrado en la Normal y que se encontraba entre los estudiantes desaparecidos.
Señalé que era falsa la tesis de que los 43 estudiantes habían sido incinerados en el relleno sanitario de Cocula, lo cual era técnica y materialmente imposible, como acreditaron los peritajes apegados a las normas técnicas y científicas, y los reportes del Centro de Protección Civil de Guerrero y de la NASA, que registraron esos días precipitaciones de 9 milímetros que hacían imposible que se mantuviera fuego alguno.
E insistí en que una operación de esa naturaleza no podía tratarse de un hecho fortuito sino de una emboscada, donde participaron corporaciones policiacas del gobierno municipal, estatal y federal, agentes de inteligencia civil y militares, y que en realidad se trató de una cacería de los normalistas.
En agosto de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador me invitó a incorporarme a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y me encomendó la tarea de crear una comisión para contribuir al esclarecimiento de la verdad en el caso Ayotzinapa. Desde ese momento asumí de tiempo completo la tarea. Su primer resultado se concretó el 26 de septiembre de 2018 en una reunión con el presidente electo en el Museo Memoria y Tolerancia, donde se acordó con las madres y padres de los normalistas la creación de lo que sería la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Covaj, y la apertura a los organismos internacionales que habían contribuido a la investigación pese a los obstáculos impuestos por el gobierno saliente. Los padres y madres veían “una luz de esperanza”.
Tengo presente el pronunciamiento que el presidente electo hizo ese día, y que rigió la investigación que realizamos: “No debemos temer si se conoce la verdad, las instituciones se fortalecen con la verdad, se debilitan con la mentira”.
El 15 de enero de 2019 se instaló la Covaj con el fin de conocer la verdad sobre los hechos ocurridos en Iguala; deslindar y castigar a los responsables, y que estos hechos no queden en la impunidad. De inmediato iniciaron las labores de búsqueda de información y las tareas en campo. Retomamos los informes presentados por el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense, los informes del mecanismo de seguimiento de la CIDH y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, la recomendación de la CNDH, y las investigaciones de la PGR, las sentencias emitidas por el Poder Judicial y las resoluciones del Tribunal Colegiado en Reynosa.
Asumimos el compromiso de garantizar los derechos humanos de las víctimas; conocer la verdad y hacer justicia para que estos hechos no se repitan. Ese día declaramos: “La única verdad es que no había verdad sobre de la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos”.
Al presentar el primer informe de la Covaj en agosto de 2022, di cuenta del más importante de los avances hasta ahora registrado: el hallazgo e identificación científica de tres de los estudiantes desaparecidos: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio.
Y señalamos, de manera categórica, que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, a las que se pueden atribuir acciones, omisiones y complicidades que permitieron la desaparición de los estudiantes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias.
En el Segundo Informe de la Covaj de septiembre de 2023 confirmamos que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos ni establecieron comunicación con el grupo delictivo. Que la agresión a los estudiantes se ejecutó a través de un mando central y al menos tres células articuladas de sicarios y policías. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, con apoyo de distintas corporaciones del Estado.
En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Normal en Tixtla, hasta su desaparición.
Los estudiantes eran objetivo de seguimiento por las autoridades locales y federales antes de los hechos, incluso, mandos del Ejército no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio “N”, quien se encontraba dentro del grupo de estudiantes desaparecidos.
El móvil de la desaparición de los estudiantes se sustenta en tres posibles causas: 1. Confusión en Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de los Rojos entre los estudiantes. 2. La intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por el alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas por la desaparición y asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona y otras personas, y 3. El eventual trasiego de droga en alguno de los autobuses tomados.
Nada de estos hechos consideró la “verdad histórica”, la que constituyó una acción concertada al más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. La “verdad histórica” constituyó una segunda desaparición de los estudiantes.
Otro avance relevante de la investigación es la identificación de 434 actores destacados que permite ubicar el tiempo, lugar y circunstancia de su participación durante y después de los hechos, entre quienes se encuentran integrantes de grupos delictivos, de los gobiernos estatal, municipal, policías municipales, elementos del Ejército, gobierno federal y otros.
Cabe señalar que a lo largo de la investigación 26 personajes claves, vinculados al caso han perdido la vida ya sea por ejecución, accidente o muerte natural, algunos de los cuales colaboraban con la investigación.
Un punto de inflexión en la investigación fue la muerte por Covid de Mario Casarrubias Salgado el 26 de julio de 2021, líder de Guerreros Unidos con quien se había establecido un acuerdo de colaboración y más adelante, la ejecución de Juan Salgado Guzmán (a) El Caderas, en Metepec, Estado de México el 22 de septiembre de 2021 en un operativo fallido para su captura, lo que truncó una valiosa fuente de información.
Durante mi gestión, la Covaj realizó la más exhaustiva investigación y búsqueda de los estudiantes. Conjuntamos una enorme cantidad de información documental, testimonial, imágenes y datos. Reconstruimos lo sucedido minuto a minuto los días 26 y 27 de septiembre, con detalles aterradores alejados de toda condición humana. Diseñamos modelos de análisis geoespaciales para la búsqueda en campo. Con la fiscalía especializada de la FGR, contamos con un equipo profesional altamente calificado para la búsqueda en campo. En la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa encontramos decenas de fosas clandestinas que representaron el hallazgo de 498 personas desaparecidas.
Enfrentamos los obstáculos que representan el tiempo transcurrido y la acción deliberada de la autoridad de entonces de borrar todo rastro de los estudiantes y sus perpetradores. Enfrentamos las inercias y resistencias que prevalecen del viejo régimen, así como campañas de desinformación y descrédito de los defensores de la verdad histórica y de sicarios mediáticos inscritos en nóminas gubernamentales, espionaje, acoso judicial por parte de las personas bajo proceso e incluso amenazas abiertas con las que pretenden llamar mentira a la verdad.
Reconozco a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos su lucha, resistencia y organización que visibiliza y dignifica su memoria. Estoy convencido de que la presidenta Claudia Sheinbaum no permitirá que el caso caiga en el olvido e impulsará que la verdad, por dolorosa que sea, salga a la luz. Traigo a la memoria a Bertolt Brecht: “El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante. Pero el que la conoce y la llama mentira, es un criminal”.
Presidió la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa
