Pemex vuelve a colocarse en el centro del debate nacional con la presentación del plan 2025-2035, el cual busca principalmente reordenar las finanzas y estabilizar algunos indicadores productivos, más que atender las causas profundas de la crisis que enfrenta. Con una deuda que roza los 100 mil millones de dólares, más otros 22 mil millones con proveedores, la petrolera más endeudada del mundo camina sobre una cuerda floja.
La propuesta del gobierno promete garantizar viabilidad económica para Pemex, además la mantiene como eje de la política energética del país, con metas que van desde sostener e incrementar la producción de hidrocarburos hasta reactivar la petroquímica, modernizar las refinerías y explorar negocios como la cogeneración eléctrica, la bioturbosina o el litio. Lo anterior es un proyecto ambicioso, aunque puede ser alcanzable, el inconveniente es que no resuelve los problemas de fondo que arrastra la empresa desde hace décadas.
Actualmente Pemex opera con un patrimonio en números rojos y un sistema de refinación que durante años ha significado más pérdidas que ganancias, por lo que el alivio fiscal que ha recibido en los últimos años, al sustituir el viejo Derecho de Utilidad Compartida por el Derecho Petrolero para el Bienestar, le ha dado un respiro al reducir drásticamente sus aportaciones al erario. Pero estas medidas, lejos de solucionar la raíz del problema, solo desplazan la presión hacia las finanzas públicas, porque lo que sí Pemex deja de pagar al Estado, este último debe compensarlo por otras vías, lo que debilita otros rubros, como seguridad o la salud, que son temas de igual o mayor importancia para el país.
Anteriormente la empresa aportaba casi 40% de los ingresos fiscales nacionales, hoy apenas alcanza el 13%, que en 2024 fue de 209 mil millones de pesos, que aunque es una cifra relevante, habría que considerar las transferencias millonarias, de aproximadamente 176 mil millones de pesos, que el propio Estado le canaliza para mantenerla a flote, lo que en términos netos reduce de manera significativa su verdadera contribución a las finanzas públicas.
Podríamos pensar que es un disparate mantener a una empresa que se sostiene en pie gracias a transferencias millonarias y esquemas de refinanciamiento de deuda, pero Pemex no es una empresa cualquiera, ya que además de generar más de 120 mil empleos, también es un símbolo que persiste en el imaginario nacional de muestra de orgullo y capacidad. Dejarla caer es impensable e intentar privatizarla sería un suicidio político como ya se vio en otros sexenios.
Una analogía en este contexto es que esta situación recuerda a un paciente en terapia intensiva que recibe transfusiones constantes y nuevos tratamientos cada vez más caros, el problema es que no se sabe lo que está provocando la enfermedad que tiene en cama al paciente, por lo que si sigue con vida es únicamente por la asistencia externa. Si uno de los apoyos se termina, esto podría llegar a una situación irreversible. Así se encuentra Pemex en este momento.
México no puede seguir atado indefinidamente a una empresa que, aunque estratégica, consume cada vez más recursos públicos para sostenerse. Además, a nivel global se está avanzando hacia una transición energética que reducirá la demanda de petróleo y gas, por lo que la pregunta ya no es si debemos abandonar los hidrocarburos, sino cómo hacerlo de manera ordenada y justa. Esto implica diseñar un plan de salida gradual, que aproveche el tiempo que Pemex aún otorga para sentar las bases de un sistema diversificado, donde las renovables, la eficiencia y la innovación tecnológica ocupen un lugar central.
El camino no es una quimera, pues en distintas regiones del país, comunidades rurales e indígenas han logrado implementar proyectos de energía solar, eólica o de eficiencia local que, pese a operar en contextos adversos, han demostrado resultados positivos tanto en la generación de energía limpia como en la mejora de la economía comunitaria. Estos esfuerzos, aunque pequeños en comparación con Pemex, muestran que existen rutas viables para transitar hacia un modelo más justo y sostenible que con apoyo institucional podrían escalar y convertirse en un verdadero motor de desarrollo regional.
Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante del grupo: Nuestro futuro, nuestra energía; de la red de Energía y poder popular en América Latina, así como de la Colectiva Cambiémosla Ya. Correo: gioconda15@gmail.com
