El 20 de junio amaneció con un olor acre a gasolina en la ribera del río San Marcos, en la Sierra Norte de Puebla, donde al mediodía la imagen de una potranca yaciendo sobre el pasto saturado de hidrocarburos circulaba en redes sociales como testimonio de la devastación, ya que esta inocente cría bebió del río contaminado y murió horas después, ante la impotencia de su dueño y la rabia de la comunidad.
No fue un hecho aislado ni un infortunio imprevisible, es la repetición de una cadena de derrames que, en menos de dos años, ha dejado varios cuerpos de agua impregnados de petróleo, hectáreas de cultivo inservibles y un silencio oficial ensordecedor. Cada nuevo incidente confirma que la paraestatal a cargo de los ductos opera sin vigilancia efectiva y que las autoridades más ocupadas en discursos sobre autosuficiencia energética, abandonan a su suerte a las familias indígenas y campesinas que dependen de estos cauces para beber, sembrar y abrevar su ganado. No es una exageración, es una confirmación de algo que denuncié hace poco más de un año en dos artículos publicados en este mismo medio: 1) El doble desastre ambiental en la Sierra Norte de Puebla revela fallas sistémicas en Pemex y 2) Desastre ecológico y desatención del derrame petrolero en territorio indígena en Puebla.
En esta ocasión las primeras horas del desastre transcurrieron sin presencia de equipos de contención y cuando finalmente llegaron cuadrillas de Pemex, colocaron barreras improvisadas y palas sobre la orilla mientras el crudo avanzaba río abajo. Para entonces, ya había peces que flotaban boca arriba, además los huertos comenzaban a impregnarse de chapopote y la población presentaba irritación ocular y dolor de cabeza. Quienes ya están habituados a los vacíos de información debido a estos continuos desastres decidieron emprender sus propios recorridos para documentar la extensión de la mancha y alertar a los municipios vecinos.
La repetición de fallos revela un patrón sistemático de negligencia, pues los ductos que atraviesan la región carecen de la seguridad mínima para interrumpir el flujo cuando se detecta una baja de presión; los mantenimientos preventivos se posponen en nombre de la austeridad y las cuadrillas de respuesta llegan sin equipo suficiente, por lo que cada gota derramada encapsula la corrupción y opacidad en la asignación de recursos para mantenimiento y seguridad. Mientras tanto, los costos se socializan, las pérdidas de ingreso por la muerte de ganado, cosechas impregnadas de hidrocarburos, gastos médicos por afecciones dermatológicas y respiratorias, así como la angustia permanente de vivir al lado de un río que puede envenenarte cualquier madrugada.
El discurso oficial es que el ducto es infraestructura estratégica, pero la seguridad se delega a policías municipales sin recursos para vigilarlo ni para disuadir intentos de sabotaje o huachicol. Cuando los pobladores bloquean caminos o clausuran válvulas exigen algo elemental: agua limpia y un plan serio de saneamiento. La respuesta suele ser la criminalización de la protesta.
Esta nueva catástrofe exige más que ruedas de prensa y comunicados ambiguos. Urge una auditoría técnica independiente que diagnostique la integridad de la red de ductos, sanciones penales a quienes resulten responsables, un fondo de reparación colectiva y la publicación inmediata de los resultados de calidad del agua y del suelo. También es imprescindible que el Congreso Federal discuta una reforma que obligue a Pemex a transparentar sus protocolos de seguridad, así como a financiar con cargo a sus utilidades programas comunitarios de monitoreo ambiental. No es una demanda exagerada ni mucho menos, es el mínimo de justicia para quienes han perdido animales, cultivos y tranquilidad por la soberbia de una empresa que presume ser palanca de desarrollo mientras entierra petróleo en el futuro de pequeñas comunidades. Si la soberanía energética se construye sobre la destrucción sistemática de territorios indígenas, lo único que estaremos heredando es una patria envenenada y un Estado sin credibilidad.
Profesora Investigadora, Universidad Autónoma Metropolitana
Correo: gioconda15@gmail.com
