La reciente propuesta de reforma a la Ley Minera de 1992 ha puesto sobre la mesa la importancia de recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos del subsuelo nacional, así como de garantizar protección a los trabajadores y a las comunidades cercanas a estos espacios. A fin de atajar algunas de las argumentaciones y cuentas alegres que este sector ha lanzado para tratar de frenar esta reforma, en este artículo se mencionan algunos de los supuestos aspectos positivos de la minería que se utilizan para justificar la enorme flexibilidad y opacidad en la que operan. Por ello aquí se aborda el mito de la minería como creadora de empleo.
Una de las primeras argumentaciones de la Cámara Minera de México (Camimex), que básicamente es la voz que representa los intereses de este sector -como lo describen en su página web-, es que la minería es un motor de crecimiento y recuperación económica para el país al crear una cantidad de empleo casi sin parangón. Por lo que su cifra de forma general oscila entre 350 y 400 mil empleos directos y más de 2 millones sin cambios aparentes desde hace una década. Por lo anterior vale la pena revisar estos datos con más detalles.
El sector minero en nuestro país se compone de 5 grupos industriales: el 11, 13, 14, 33 y 34. Sin embargo, sólo los grupos: a) 11 de extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; b) 13 de extracción y beneficio de minerales metálicos y, c) 14 de explotación de sal, han empleado durante los últimos 12 años un promedio de 100-110 mil personas, lo cual equivale a 0.16% de la población económicamente activa (PEA) en el país actualmente ya que esta última es de 60 millones de personas.
Aquí es donde el sector minero aplica cuentas alegres, por lo que en empleo directo considera también a los grupos industriales 33 y 34 que se dedican a la Fabricación
de Productos de minerales no metálicos y a las Industrias metálicas básicas, pero estos empleos no son generados por la actividad minera extractiva, ni siquiera se pueden considerar indirectos. Esto se debe a que dichos grupos industriales pueden operar independiente de la extracción y beneficio nacional tanto por la sustitución de proveedores como por el cambio en las técnicas de trabajo.
Asimismo, sobre los más de 2 millones de empleos supuestamente indirectos que menciona el sector minero caen en el mismo orden que el anterior. Se trata de cadenas industriales y productivas que si bien dependen de los recursos minerales para su funcionamiento, no significa que las empresas extractivas en nuestro país sean las únicas que pueden proveerlas. Aquí alguien podría decir que es importante apoyar a nuestra industria, pero la realidad es que más del 90% de las empresas extractivas mineras en nuestro país son canadienses, estadounidenses y europeas.
A todo lo anterior podemos agregar que hasta finales de la década pasada -de acuerdo con el INEGI- 7 de cada 10 trabajadores del sector extractivo de minerales metálicos estaban subcontratados, lo que además de dejarles desprotegidos ante eventuales situaciones de riesgo también contribuye a disminuir los costos de las grandes empresas.
Este sector que siempre ha sido intensivo en capital se beneficia de un discurso en el que resalta los supuestos beneficios sociales de generar empleos, pero que por el contrario ha fortalecido su tecnificación. Si bien es entendible que las empresas mineras busquen aumentar su competitividad internacional reduciendo costos, no es ético que intenten manipular la opinión pública creando una imagen artificial que no refleja en absoluto su modelo de trabajo y de operación.
Es necesario que la sociedad mexicana tome en cuenta la realidad de la minería en el país, que va más allá de las cifras maquilladas mediante discursos empresariales. La precarización laboral y la falta de protección a las comunidades cercanas a los proyectos mineros son constantes que se han mantenido por décadas. La reforma a la Ley Minera de 1992 es una oportunidad para recuperar la rectoría del Estado, así como de intentar garantizar un aprovechamiento justo y sostenible de los recursos minerales e hídricos, además de dar mayor seguridad a los trabajadores.
