Imaginemos por un momento que el agua que llega a nuestros domicilios estuviera contaminada y no solamente fuera imposible beberla, sino que incluso manipularla fuese un riesgo para nuestra salud, la de nuestras familias, de nuestros alimentos, para las cosechas, el jardín, los parques, etc. ¿estaríamos preocupados y molestos? ¡Claro! Seguro que esa misma tarde nos manifestaríamos en las avenidas tratando de que las autoridades nos hicieran caso porque es una cuestión vital.
Vamos un poco más lejos e imaginemos que esa contaminación fue producida por una gran empresa del gobierno, y que en vez de resolverlo de la forma más rápida posible nos ofrecen dinero como compensación debido a los daños provocados, y a ver cuándo pueden terminar de limpiar. Seguramente pensaríamos que es una broma de mal gusto.
Pues justo esto es lo que sucedió este 1 de enero en el municipio de Francisco Z. Mena en la Sierra Norte de Puebla donde un derrame de hidrocarburos proveniente de un pozo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha desatado un desastre ecológico al contaminar varios cuerpos de agua vitales, incluyendo arroyos y potencialmente al río Pantepec, dañando la vida y el sustento de toda una comunidad indígena en la zona, además de la posibilidad de que se afecte a más poblaciones si no se detiene dicho derrame.
Este caso es emblemático de una problemática más amplia: la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y rurales frente a la explotación de los bienes naturales, en este caso de hidrocarburos. Estas comunidades, que a menudo tienen una relación profunda y respetuosa con la tierra, se encuentran en una lucha desigual contra empresas y gobiernos que priorizan las ganancias económicas sobre el bienestar humano y ambiental.
Es una lucha en la que la voz de los afectados rara vez se escucha con la atención que merece, y precisamente por esa falta de apoyo mediático y/o político en estos espacios tan vulnerables, debo decir con cierta tristeza que apenas me enteré y no por una nota o un reportaje, sino porque un habitante del lugar desesperado por la falta de respuesta y atención adecuada del gobierno me llamó para comunicarme lo que estaba pasando y pedirme ayuda técnica y práctica, así como para solicitar apoyo en la difusión de este caso que ha pasado desapercibido en la mayoría de los medios de comunicación nacionales, ya que no han puesto esfuerzo alguno en documentar la tragedia que actualmente viven estos pobladores.
En la mayoría de las notas que he consultado el día de hoy no se ha actualizado la situación, y casi todas las que se encuentran disponibles son recuperaciones de datos técnicos o una breve recapitulación de los posibles daños, pero no se menciona que los afectados no han recibido las atenciones necesarias, que las medidas de protesta que han hecho al tomar los pozos han provocado tensión con el gobierno y las autoridades, que les están ofreciendo “compensaciones económicas” que jamás podrán remplazar la pérdida de su patrimonio y de la naturaleza dañada, y que no hay una respuesta oficial sobre cuándo y cómo es que van a limpiar los daños en los cuerpos de agua contaminados.
Vale la pena mencionar que en este caso el gobierno en todos sus niveles no está cumpliendo con su responsabilidad y obligación de proteger a la población, así como de garantizar el bienestar ambiental en el país. Asimismo, llama la atención que a pesar de que se trata de una situación que involucra y pone en riesgo una instalación estratégica para el país, no se observa la presencia de la Guardia Nacional en el lugar, ¿estarán distraídos en otras actividades que quizá no son de su competencia en vez de estar cuidando a la población?
La pregunta del inicio de este texto es una pequeña reflexión para tratar de dimensionar en nuestra realidad lo que están enfrentando estas comunidades que en algunos casos tienen como única fuente de agua estos ríos que han sido contaminados, así como de la necesidad que tenemos como sociedad de apoyarlos, de exigir al gobierno que actúe a la altura de las circunstancias.
Si son tan importantes estos pozos petroleros, ¿por qué no invierten lo suficiente en medidas que ayuden a evitar estos desastres?, ¿cuánto vale realmente el progreso económico si se construye sobre los cimientos de la destrucción ambiental y la injusticia social? Las comunidades afectadas por este tipo de desastres no deberían ser sacrificadas en el altar del desarrollo económico. Es momento de reevaluar nuestras prioridades y encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental y social.
Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana. Correo: gioconda15@gmail.com
