La iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de interrupción legal del embarazo, presentada en octubre pasado ante el pleno de la Cámara de Diputados por integrantes del grupo parlamentario de Morena, fue turnada para su dictamen a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión de Igualdad de Género; esta última en días anteriores ya presentó a la consideración de la primera su aval, con el respaldo de los integrantes de Morena, a la legalización del aborto en ese ordenamiento sanitario con la finalidad de ser anexado en el dictamen final a cargo de la primera, aún pendiente de votación dentro de esa comisión.
Es de resaltar que la propuesta salvaguarda la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería contenida en el artículo 10 Bis, agregando el mandato para que las instituciones públicas de atención médica cuenten con personal no objetor de conciencia. La novedad es que añade un controvertido artículo 71 Bis: “La Secretaría de Salud reconocerá y garantizará el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la Interrupción Legal del Embarazo. La Secretaría de Salud por medio de personal capacitado para tales efectos, deberán proceder a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas y en aquellos otros supuestos permitidos por la ley, en condiciones de calidad, cuando la mujer interesada así lo solicite. Para tales efectos, a solicitud de la interesada, la Secretaría de Salud proporcionará servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna”.
De lo anterior, se observa una falta técnica legislativa ya que en el transitorio tercero exhorta a los congresos locales para armonizar sus legislaciones penales al contenido expresado en la disposición anterior. Esto es una contradicción pues la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4 de la Constitución General de la República, establece la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Entonces, no puede regular la materia penal local por no ser de su competencia.
Me parece que la obsesión de un número considerable de diputados del grupo parlamentario de Morena para legalizar el aborto en este periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, aparte de las cuestiones ideológicas, ya señaladas en mi columna en este diario del 5 de octubre del 2019, también viene marcada por los tiempos políticos electorales. Es importante no olvidar que durante el segundo semestre de este año iniciará el proceso electoral de 2021 para la renovación total de la Cámara de Diputados, o sea los 300 distritos electorales y los 200 diputados de representación proporcional. Su culminación será la jornada electoral del 6 de junio de ese año. Lo cierto es que el aborto no entra en las prioridades de una buena parte del electorado mexicano. Ofertarlo como propuesta de campaña, tal vez no será garantía de reelección ni de obtención de una curul para los candidatos a diputados federales del partido gobernante. De ahí la desesperada intención de legalizarlo porque vaya usted a saber si en la próxima legislatura Morena cuente con la holgada mayoría de la cual dispone hoy en ese recinto cameral y de paso calmar las presiones de los grupos que enarbolan la bandera del aborto, tanto en las legislaturas locales como en el Congreso federal.
Académico de Tiempo del Departamento de Derecho. Universidad Iberoamericana.
alberto.patino@ibero.mx
