En México, hablar de justicia suele despertar una mezcla de escepticismo y desconfianza. Fallos polémicos, casos de corrupción y jueces que parecen operar en la impunidad han dejado una huella profunda en la percepción ciudadana. En ese contexto, hay una figura que, aunque poco visible, juega un papel esencial: el órgano disciplinario del Poder Judicial, comúnmente conocido como el “Tribunal de Disciplina”. Su función es clara, aunque muchas veces opera lejos del ojo público: vigilar y sancionar a jueces, magistrados y demás funcionarios judiciales que incurran en conductas indebidas.
Es aquí, en este órgano judicial, en donde se han concentrado muchos de los cuestionamientos e inquietudes por parte de la sociedad sobre la real transparencia y equidad de la impartición de justicia en nuestro país. En verdad ha realizado su trabajo de manera eficiente para fortalecer el Poder Judicial de México, o ha sucumbido frente a las tentaciones y amenzas de los que tienen poder fáctico en nuestro país.
Durante los últimos 30 años, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha sido el encargado de la labor de vigilancia y sanción judicial. A partir de la aprobación en diciembre pasado de las leyes secundarias de la reforma judicial, se elimina el CJF para dar paso, en el mes de septiembre de este año, al Tribunal de Disciplina y al Órgano de Administración Judicial. Entre las nuevas atribuciones de este último se encuentran: definir las comisiones y áreas administrativas; supervisar la carrera judicial, definir la integración de los Plenos Regionales, definir el número y especialización de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales de Apelación y Juzgados de Distrito. Adicionalmente será el encargado de resolver los casos de responsabilidad administrativa y acordar la remoción de las personas juzgadoras en los términos que determine el Tribunal de Disciplina Judicial.
A través del Tribunal se iniciarán procedimientos disciplinarios por actos de corrupción, abuso de poder, negligencia o cualquier conducta que ponga en entredicho la imparcialidad del sistema. Es aquí, donde tendrá un reto mayúsculo el nuevo sistema disciplinario; será la prueba del ácido del nuevo modelo judicial nacional.
De acuerdo con la Mtra. Cristel Yunuen Pozas Serrano, docente activa en la Facultad de Derecho de la Universidad Autonóma del Estado de México y Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, Presidenta del Comité de Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es muy claro que los actos de corrupción deben ser sancionados y que en términos coloquiales este nuevo Tribunal de Disciplina podría considerarse el “Juez de los Jueces”.
“El papel crucial en la construcción y mantenimiento de la confianza pública en el sistema judicial, a través de un Tribunal de Disciplina, podría garantizar que los funcionarios judiciales rindan cuentas por sus acciones, mantengan altos estándares éticos y que se pueda contribuir considerablemente en la legitimidad percibida de todo el ecosistema judicial. La transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, podrá fortalecer significativamente la percepción pública, pero también redundaría en el entramado entre el Poder Judicial y el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción”.
Una Labor Silenciosa, pero Fundamental.
En un país donde la figura del juez todavía carga con una imagen de opacidad, el hecho de que pueda existir un mecanismo eficiente y objetivo de vigilancia interna, podría constituir una garantía mínima para empezar a construir la confianza de la ciudadanía en la impartición de justicia. El Tribunal de Disciplina también evaluará el desempeño de las personas juzgadoras que resulten electas, esto representa no sólo una visión inquisitiva, sino también preventiva del régimen de responsabilidades. Paso silencioso pero firme.
Para la Mtra. Pozas Serrano, en este contexto, “lo que podrían esperar los ciudadanos es un proceso que verdaderamente entienda los riesgos institucionales susceptibles a actos de corrupción, y que sean previsibles, con procesos sensiblemente más rápidos y enfocados en la resolución de las quejas presentadas por las y los justiciables. El reto es que los procesos disciplinarios no sean vistos como una simulación”. La ciudadanía necesita ver consecuencias reales cuando hay abusos de poder o decisiones escandalosas sin justificación legal.
Según el INEGI, en su última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el 53% de los ciudadanos considera que los jueces son corruptos o poco confiables. Es ahí donde entra la relevancia de un tribunal de disciplina que funcione con independencia y eficacia.
Este 1 de junio elegiremos Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina, por ello, tenemos la responsabilidad y obligación de elegir de manera informada y consiente a las personas que formarán parte del cambio en el sistema judicial que busca México. Los candidatos deberán tener conocimiento y experiencia en las diferentes materias: laboral, civil, penal, familiar y mercantil; sus particularidades y características procesales. Además, deberán tener un código ético y de conducta intachable, así como claridad en sus razonamientos para emitir resoluciones justas y transparentes. Si en verdad queremos un cambio, superemos las barreras de la información y emitamos un voto consciente e informado.
