En cumplimiento de su mandato y su misión, durante el periodo 2026-2029, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) seguirá promoviendo la justicia social mediante el trabajo decente con un enfoque centrado en las personas. La labor de la OIT se guiará por su visión de un contrato social renovado, sustentado en el Programa de Trabajo Decente y respaldado por la Coalición Mundial para la Justicia Social, que sitúa los derechos y aspiraciones de todas las personas a la justicia social y el trabajo decente en el epicentro de las políticas económicas, sociales y ambientales.
Hablar del trabajo decente es reconocer el empleo en condiciones de libertad, asegurando los derechos fundamentales del trabajo, como son: la libertad, la equidad, la seguridad y la dignidad humana. Sólo bajo un enfoque que asegure el desarrollo laboral de las personas con principios de seguridad social, capacitación permanente y salarios dignos, se promoverá la eficiencia y productividad empresarial, resultando en el crecimiento de la economía nacional en su conjunto.
Las economías informales, a pesar de su heterogeneidad, se caracterizan generalmente por una alta incidencia de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad y por déficits generalizados de trabajo decente. Así pues, la transición progresiva de los empleadores y trabajadores de la economía informal hacia relaciones de trabajo más sostenibles y reconocidas formalmente, resulta fundamental para impulsar la productividad, proporcionar acceso a los mercados y al capital, mejorar las condiciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores.
La informalidad laboral en México es un tema complejo y preocupante, no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda e ignorar este problema. Según datos del último trimestre de 2024, el 56.3% de la población ocupada se encuentra en un empleo informal, lo que significa que no cuentan con seguridad social ni protección legal e institucional correspondiente al tiempo trabajado.
Existen cuatro tipos de informalidad laboral en México:
I.- Empleo informal en el sector informal de la economía, que representa el 27.8% de la población ocupada.
II.-Empleo informal en empresas, gobierno e instituciones, que representa el 13.5% de la población ocupada.
III.-Empleo informal en el ámbito agropecuario, que representa el 9% de la población ocupada.
IV.-Empleo informal en el trabajo doméstico remunerado, que representa el 4.9% de la población ocupada.
Es importante destacar que la informalidad laboral está ligada a menores niveles de ingresos promedio. En el cuarto trimestre de 2024, el ingreso laboral promedio en México fue de $9,794.93 pesos, mientras que en un empleo formal el ingreso laboral mensual promedio es de $13,011.20 pesos y en un empleo informal es de $6,924.50 pesos.
Para abordar este tema, es fundamental la implementación de políticas públicas que promuevan la formalización laboral y la protección de los derechos de los trabajadores a partir de la observación de los siguientes principios:
A) Inspección laboral efectiva para garantizar el cumplimiento de las normas laborales.
B) Seguro temporal de desempleo para proteger a los trabajadores en caso de pérdida de empleo.
C) Corresponsabilidad para sostener el sistema de seguridad social.
D) Transición a un sistema universal de seguridad social para garantizar la protección de todos los trabajadores.
Bajo la nueva administración federal del Presidente Trump, con la mira puesta en el futuro migratorio de nuestros connacionales en el vecino país del norte, es tiempo de actuar y atacar el tema de raíz, reconocer que millones de mexicanos han emigrado en busca de un trabajo que les permita crecer y desarrollarse, no busquemos paliativos menores para curar el cáncer de la informalidad y la explotación laboral en México.
