El conflicto entre las comunidades científicas y el gobierno de México está a unos días de alcanzar su punto más crítico en el sexenio a causa del ímpetu del Conacyt por imponer una Ley general de ciencia que ha sido cuestionada por científicos y asociaciones civiles por considerar que no responde a la libertad de investigación, creación, pluralidad y necesidades que requiere el sector.
La comunidad científica no se dejará engañar por medio de la retórica y a punta de comunicados, tampoco concederá que el Conacyt y la 4T continúen simulando el diálogo. En la gestión pública, el apoyo a un sector se demuestra con inversión y con la manera en la que se gastan los recursos, incluyendo la participación y rendición de cuentas en todo el proceso administrativo.
Temas en los que el Conacyt y su titular han sido cuestionados por la nula defensa de los fondos y fideicomisos, su opacidad en el manejo de recursos, por la criminalización y descalificación de quienes piensan diferente y la concentración del poder sobre la autonomía de las instituciones.
Esto a través de columnas y notas periodísticas –consideradas por Elena Álvarez-Buylla como “falsas y transgiversadas”–, así como por las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por el incumplimiento en el desarrollo de la vacuna patria, por el retraso y cancelación de diversos programas de becas y a raíz de las 685 demandas de amparo que estudiantes, trabajadores, científicos y ciudadanos, han interpuesto por denunciar que el Conacyt violó sus derechos humanos a través de sus acciones u omisiones.
No pasa por desapercibido tampoco que la propuesta presidencial y del Conacyt, elimina la inversión mínima del PIB que el Estado debe otorgar para el desarrollo del sector, por lo que es una mentira declarar que se tomaron en cuenta las opiniones de los científicos y las propuestas de la oposición para esta iniciativa, si en ellas se exigen que se mantenga e incluso se incremente –hasta el 2% del PIB como lo señalamos en la que presenté ante el Senado– la obligación de otorgar un presupuesto mínimo. Tampoco, que el Gobierno de México al igual que con otros temas, fuerza su alineación ideológica al fijar una agenda gubernamental, definida sólo por el Conacyt, centralizando además la toma de decisiones y limitando también la movilidad nacional e internacional.
No se debe restringir, sino ampliar. Ni las becas ni los estímulos generan derechos laborales, se requieren más plazas y mejores salarios, sólo así quienes dedican su vida a la ciencia podrán contar con una adecuada seguridad social, un sistema de pensiones para el retiro y la capacidad de formar asociaciones sindicales.
Dialogar implica escuchar al otro, dejar atrás el fanatismo y abrir nuestra mente a pensar que alguien más, además de mí y mi círculo cercano, pueda tener razón. En cambio, la “revisión profunda y crítica” que hizo el Conacyt para diseñar un anteproyecto de Ley presentado por presidencia, no cambió la forma y el fondo del proyecto que ya tenía en 2020.
Es decir, aun cuando existen miles de voces que durante 2020, 2021 y 2022 suscribieron comunicados pidiendo se detenga la aprobación de esta Ley hasta que alcance un consenso mínimo o recupere las observaciones de la comunidad científica; después de diversos foros que han concluido que la propuesta representa un retroceso para el sector; pese a que existen otras propuestas legislativas provenientes del PAN, PRI, Morena y MC; de las movilizaciones y cuestionamientos de estudiantes de posgrado y sindicatos independientes; después de esto y más, el Conacyt no ha sido capaz de considerar estos sucesos y realizar cambios sustantivos para formular “un proyecto plural y democrático” como quiere hacer creer que lo realizó.
El Conacyt y su titular permanecen en una cámara de eco para escucharse solo a sí mismos sin posibilidad de ser refutados, contrario a cualquier principio de producción científica y académica. Convirtiendo el anteproyecto elaborado por Conacyt en “un reflejo de las obsesiones ideológicas de Elena Álvarez-Buylla” como lo denunció el Dr. Antonio Lazcano en su desplegado “Por una ciencia sin adjetivos”.
El desarrollo de la ciencia mexicana requiere de un debate amplio, que se enfrente a nuestras propias contradicciones y velos ideológicos, pero abierto a escuchar todas las voces, retomar sus opiniones y confrontarlas con objetividad. Dejemos atrás nuestras creencias, sé que es más fácil imponer, más cuando se tiene la mayoría, pero estoy convencido de que es más inteligente y eficaz para el país hacerlo para legislar de manera plural.
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