El 2024 se despide dejando tras de sí un saldo que no puede ni debe pasar desapercibido: la persistente violencia contra las mujeres en México, expresada en la desgarradora cifra de 2,409 víctimas de homicidio doloso, como reporta El Universal. Esta cifra supera, aunque sea por un ligero margen del 1.3%, los 2,376 asesinatos registrados en 2023. Sin embargo, más allá de un incremento porcentual, estos números reflejan una tragedia humana que afecta a miles de mujeres y familias, en un país que parece condenado a convivir con esta realidad dolorosa.
Cada día, siete mujeres son asesinadas en México, la mayoría de ellas mayores de 18 años. Este promedio escalofriante no solo es un retrato de la violencia extrema, sino también de la indiferencia y normalización que han impregnado la vida diaria del país. Colima, con una tasa de 28 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, encabeza la lista de los estados más peligrosos para las mujeres, seguido por Baja California, Guanajuato y Guerrero, entre otros. No obstante, este fenómeno no es exclusivo de ciertas regiones; su huella se extiende por todo el territorio nacional, evidenciando que la violencia contra las mujeres no conoce fronteras. En términos absolutos, Guanajuato lidera con 332 asesinatos, seguido por Baja California con 235 y el Estado de México con 184. Estos números son la expresión de un sistema que ha permitido que la violencia florezca bajo el amparo de la impunidad.
Aún más alarmante es el panorama de los feminicidios, con 762 víctimas registradas de enero a noviembre de 2024, un promedio de dos al día. Este tipo de crímenes, que implican un componente de odio por razones de género, se concentran en entidades como el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México, pero su impacto es nacional. Detrás de estas cifras hay historias de vidas truncadas, familias destrozadas y comunidades marcadas por el miedo y la impotencia. Cada feminicidio es un recordatorio del profundo desprecio hacia la vida de las mujeres, un problema que trasciende lo individual y se incrusta en las estructuras sociales, culturales y gubernamentales. ¿Cuántos informes más, cuántos nombres más, cuántas vidas más se necesitan antes de que se adopten medidas contundentes?
Es imperativo señalar que esta crisis no es responsabilidad exclusiva de una administración. La violencia contra las mujeres es el resultado de décadas de indiferencia, negligencia y sistemas judiciales que revictimizan a quienes se atreven a denunciar. Sin embargo, el gobierno actual tiene la obligación moral y política de responder con urgencia. No se trata solo de cumplir con metas estadísticas o publicar informes, sino de salvar vidas y garantizar a las mujeres el derecho a vivir sin miedo. La sociedad mexicana también tiene un papel crucial que desempeñar. No podemos seguir siendo espectadores pasivos de esta realidad. El cambio debe comenzar en los hogares, las escuelas y las comunidades. La indignación debe transformarse en acción colectiva, en una exigencia unánime de justicia y seguridad para todas las mujeres. Es hora de actuar, antes de que 2025 sea otro testimonio de nuestra inacción. Y en un país donde cada día más mujeres gobiernan es imperativo ver el apoyo de las mujeres para las mujeres.
