Como bajacaliforniano no encuentro una expresión más precisa para describir el sentimiento generalizado sobre la clase política que conduce los destinos, por llamarlo de alguna manera, de nuestro estado. Qué vergüenza con las visitas.
Baja California es tierra de trabajo, pujanza y hospitalidad. Aquí empieza la patria. Una región forjada por migrantes de todo México, que aprendió a convivir, competir y construir una relación económica con California, la quinta economía del mundo. Hoy esa imagen es arrastrada por políticos rodeados de escándalos, sospechas de vínculos criminales, corrupción municipal y una miopía que cubre todo el estado.
El daño rebasa el desprestigio de unos cuantos funcionarios. Ha golpeado la calidad de vida, la economía y la reputación de la región. Baja California produce, exporta, crea empleos y recibe inversiones. Sus gobernantes producen escándalos, exportan vergüenza y generan sospechas.
Los señalamientos dejaron de ser chismes. Están los audios y la angustia inocultable de Marina del Pilar Ávila. Está la sanción de la OFAC contra la exalcaldesa Araceli Brown. En Tijuana, Ismael Burgueño carga con acusaciones públicas de encabezar la administración municipal más corrupta en la historia de la ciudad.
Esta semana el turno en el carrusel del escándalo correspondió a Julieta Ramírez. La senadora con licencia ha sobrevivido gracias a sus relaciones en Palacio Nacional, su posición en el Senado y las querencias de Marina del Pilar, que pretende colocarla como yegua de hacienda en la sucesión por la gubernatura. En Morena, una cercanía conveniente pesa más que una trayectoria convincente.
N+ reveló que Ramírez presuntamente es investigada en Estados Unidos por asociación delictuosa y que habría aceptado proporcionar información a cambio de beneficios procesales. Ella lo negó, calificó la historia como una farsa y exigió pruebas. El medio sostuvo su información.
El escándalo admite dos explicaciones. Ninguna favorece a la aspirante. La primera apunta a una filtración desde el régimen, quizá como factura por los audios difundidos la semana anterior, en los que se le atribuye participar en una campaña contra Claudia Sheinbaum durante la contienda de las corcholatas. En Morena, la unidad dura hasta que aparece una candidatura. Después vuelan expedientes, grabaciones y sinceras demostraciones de compañerismo.
La segunda resulta más delicada. Que la información provenga de una fuente estadounidense preocupada por lo que sucede en una de las fronteras más importantes del mundo. La primera explicación habla de una guerra interna. La segunda podría hablar de un expediente fuera de México.
No sabemos todavía cuál de las dos hipótesis se aproxima más a la verdad. Lo que sí sabemos es que Julieta Ramírez quedó sobre las cuerdas y que Baja California volvió a ocupar espacios nacionales, no por su industria, su gastronomía, sus vinos, su capacidad económica o el talento de su gente, sino por otro escándalo político.
Sus gobernantes parecen empeñados en convertirla en sucursal del desprestigio. Baja California no debería sentir vergüenza. La vergüenza pertenece a quienes la gobiernan. El problema es que, cuando llegan las visitas, nadie distingue entre la casa y sus administradores.
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