La percepción de inseguridad pública en México ha experimentado un aumento significativo en el tercer cuatrimestre de 2024, pasando del 58.6% al 61.7%, según datos recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el INEGI. Este incremento refleja una preocupación creciente entre la población respecto a la seguridad en su entorno diario. Aunque esta encuesta mide la percepción más que los datos reales de criminalidad, resulta un indicador clave del estado de ánimo social y de la confianza en las instituciones de seguridad. Es particularmente alarmante que la sensación de inseguridad sea notablemente mayor entre las mujeres (67.8%) que entre los hombres (54.2%), evidenciando desigualdades en la experiencia cotidiana de violencia y vulnerabilidad.
El aumento en la percepción de inseguridad varía considerablemente entre regiones y ciudades del país. Villahermosa, Tabasco, destaca como la ciudad con la mayor sensación de inseguridad, con un preocupante 95.3%, un salto significativo frente al 78.7% registrado en septiembre del año pasado. Ciudades como Uruapan, Michoacán (92.5%), y Fresnillo, Zacatecas (90.9%), también reflejan niveles críticos, asociados en gran medida a la actividad del crimen organizado y la debilidad institucional. Por otro lado, localidades como San Pedro Garza García, Nuevo León (14.0%), y Piedras Negras, Coahuila (18.7%), figuran como las más seguras, lo que pone en evidencia la disparidad regional en la seguridad pública.
La polarización entre regiones inseguras y seguras es un fenómeno que subraya las profundas desigualdades estructurales en México. Mientras que estados como Coahuila y Nuevo León se benefician de una inversión sostenida en infraestructura, educación y un sistema de seguridad más coordinado, regiones como Michoacán, Zacatecas y Tabasco enfrentan retos derivados de la pobreza, la corrupción y la influencia del crimen organizado. Este escenario plantea un serio desafío para el diseño de políticas públicas, ya que las soluciones no pueden ser uniformes; es necesario adoptar enfoques personalizados que consideren las particularidades de cada región.
Un aspecto fundamental que emerge de estos datos es la desconexión entre las acciones gubernamentales y la percepción ciudadana. Si bien el gobierno federal ha implementado estrategias como la militarización de la seguridad mediante la Guardia Nacional, los resultados en términos de percepción siguen siendo limitados. Esto puede atribuirse a la falta de comunicación efectiva sobre los logros reales en materia de seguridad y al impacto constante de eventos violentos mediáticos que refuerzan la sensación de vulnerabilidad. Además, la desconfianza en las instituciones judiciales y policiales sigue siendo un obstáculo importante para la mejora de la percepción.
Desde una perspectiva especializada, el futuro de la seguridad en México dependerá en gran medida de cómo se aborden tres aspectos clave: la reconstrucción institucional, la inclusión social y el fortalecimiento del estado de derecho. En primer lugar, es imperativo dignificar, dar certidumbre, profesionalizar y depurar las corporaciones policiales locales, acompañando este esfuerzo con estrategias tecnológicas de vigilancia e inteligencia que permitan respuestas más eficaces al crimen. En segundo lugar, el gobierno debe priorizar programas sociales que reduzcan las brechas de desigualdad y generen oportunidades económicas en regiones marginadas, para desincentivar la participación en actividades delictivas. Finalmente, es necesario un compromiso firme con el fortalecimiento del sistema judicial, asegurando que los responsables de actos delictivos sean llevados ante la justicia, lo cual contribuirá a restaurar la confianza ciudadana.
Las expectativas ciudadanas también reflejan un panorama mixto. Mientras que el 30.9% de la población cree que la situación seguirá igual de mal, un 29.8% considera que mejorará. Este dato sugiere que aún existe un margen de esperanza que puede ser aprovechado por las autoridades si logran implementar medidas tangibles y comunicar sus avances de manera efectiva. La percepción de inseguridad, aunque subjetiva, tiene un impacto real en la cohesión social, la inversión económica y la participación ciudadana. Por ello, revertir esta tendencia debe ser una prioridad en la agenda nacional.
