La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2017 marcó un giro significativo en la política estadounidense, tanto a nivel interno como externo. De manera similar, la designación de Marco Rubio como Secretario de Estado, en este contexto, representa un momento de redefinición de las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo, particularmente con México. Desde su campaña presidencial, Donald Trump enfatizó la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos, una postura que incluyó la promesa de construir un muro para frenar la migración ilegal y combatir el tráfico de drogas. Este discurso, que apeló al nacionalismo y a una visión de “ley y orden”, también colocó a México en el centro del debate público estadounidense, retratándolo como una fuente de problemas relacionados con el crimen organizado y la inmigración. Trump argumentó que gran parte de las drogas consumidas en Estados Unidos, como la heroína, la metanfetamina y el fentanilo, ingresaban al país a través de la frontera con México, controlada según el por cárteles mexicanos. En consecuencia, su administración implementó políticas migratorias más estrictas y presionó al gobierno mexicano para aumentar sus esfuerzos en el combate al narcotráfico. Esto se tradujo en iniciativas como el programa “Quédate en México” (Migrant Protection Protocols), que obligó a miles de solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se procesaban sus casos en los tribunales estadounidenses. Marco Rubio, conocido por su postura firme hacia regímenes autoritarios y su enfoque en la seguridad nacional, aporta una perspectiva diferente pero complementaria a la administración de Trump. Su designación como Secretario de Estado sugiere un enfoque más agresivo en políticas exteriores relacionadas con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la región. Rubio ha sido un crítico abierto de los regímenes en Venezuela y Cuba, argumentando que sus alianzas con grupos criminales y cárteles representan una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos. Este enfoque se extiende a México, lo que derivará sí o sí en una cooperación más estrecha (obligada) en operaciones conjuntas para desmantelar cárteles y redes de tráfico. Así pues, la combinación de las políticas de Trump y Rubio tiene implicaciones profundas para México en el ámbito del crimen organizado. Por un lado, el endurecimiento de las fronteras y la presión para que México asuma un papel más activo en la contención del narcotráfico podría obligar al gobierno mexicano a redirigir recursos y estrategias hacia la colaboración binacional. Esto podría incluir un aumento en los operativos conjuntos, el intercambio de inteligencia y la capacitación de fuerzas de seguridad mexicanas. Pienso que la declaración de la lucha contra el “terrorismo” del crimen organizado en México se dará de forma suave y como suelen hacerlo los estadounidenses, con una implacable y determinante paciencia. En este sentido no importa mucho si el gobierno mexicano aboga por la soberanía nacional… ambos países pueden ser demagogos y ambos países saben bien a bien su lugar en la historia y cómo la han jugado.