Dedico estas líneas a Héctor de Mauleón y a todas las voces valientes del periodismo mexicano que, a pesar de las amenazas, campañas de desprestigio y ahora sanciones estatales disfrazadas de procedimientos administrativos, siguen escribiendo, investigando y denunciando. Defender la libertad de expresión se ha vuelto un acto de resistencia. Y eso, en democracia, debería alarmarnos a todos.
La semana pasada se aprobó lo que muchos juristas y defensores de derechos humanos ya denominan la “ley espía”. Un conjunto de reformas legislativas que, bajo el argumento de mejorar la inteligencia y el combate a delitos graves, en realidad abre la puerta a la vigilancia masiva del ciudadano común sin control judicial, sin transparencia y sin contrapesos. Es un cambio silencioso pero profundo: ahora, el Estado podrá intervenir comunicaciones, geolocalizar a personas, monitorear redes sociales y recolectar datos biométricos con solo una justificación administrativa.
Todo esto ocurre mientras, de forma simultánea, periodistas como Héctor de Mauleón enfrentan sanciones oficiales, como la recientemente impuesta por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, derivada de su columna titulada “Las redes impunes y su conexión con el Poder Judicial”. En ese texto, De Mauleón expuso los presuntos vínculos entre redes delictivas de huachicol y el cuñado de Tania Gisela Contreras Lopez, exconsejera jurídica del gobernador Américo Villarreal y actual presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia del estado. La consecuencia no fue una investigación sobre los hechos señalados, sino una sanción al periodista.
Se castiga así al que informa, no al que abusa del poder, y se sienta un precedente peligrosísimo: que el periodismo crítico puede ser censurado por una autoridad electoral, no por decir mentiras, sino por decir la verdad.
Estos no son hechos aislados. Forman parte de una narrativa autoritaria que avanza disfrazada de legalidad. Una estrategia que ya hemos visto en otros países:
• En Venezuela, la llamada “Ley contra el odio” se utiliza para encarcelar a tuiteros y cerrar medios. • En Nicaragua, cualquier crítica puede ser perseguida por “ciberdelito” sin debido proceso. • En Turquía, se aprobó en 2022 una ley contra la “desinformación” que ha sido usada para silenciar periodistas. • En Rusia, la Ley Yarovaya legalizó la recolección masiva de datos sin orden judicial, argumentando la lucha contra el terrorismo.
Es cierto que la libertad de expresión puede generar excesos. En ocasiones se confunde con libertinaje, se publican afirmaciones sin sustento y se daña la reputación de personas inocentes.
No es un derecho perfecto. Pero es, precisamente por su imperfección, uno de los pilares esenciales de las democracias modernas. La pretensión de los gobiernos por controlarla o “regularla” siempre ha sido la primera señal del autoritarismo. Y por eso, aunque moleste, aunque incomode, aunque a veces se equivoque, la libertad de expresión debe ser defendida con absoluta firmeza.
Y ahora, en México, se aprueban leyes que permitirán al Estado saber dónde estás, qué publicas, con quién hablas y cómo piensas, mientras se penaliza la crítica y se estigmatiza la libertad de expresión.
Lo más preocupante es que todo esto se hace apelando al “pueblo”, a la “seguridad” y a una supuesta moral superior. Se utiliza el aparato legal para imponer una sola narrativa, y se criminaliza el pensamiento independiente. Como si ejercer la libertad de expresión fuera un lujo indebido y no un derecho esencial.
La historia nos ha enseñado que las democracias no se pierden de golpe, sino por decreto. Un artículo, una reforma, un castigo ejemplar, una omisión judicial… y cuando nos damos cuenta, la libertad ya es un recuerdo.
Hoy, México no está solo ante una “ley espía”. Está frente a un punto de inflexión. Defender a Héctor de Mauleón, y a todos los que como él alzan la voz, es también defender nuestra posibilidad de disentir, de cuestionar, de vivir en libertad.
