Esta semana quiero abordar un tema urgente: la extorsión. Este delito, que se ha convertido en una verdadera pandemia, es un síntoma de la ineficacia institucional consecuencia del dramático secuestro del tema de seguridad por intereses político partidistas que ha permitido el crecimiento impune de las organizaciones criminales en nuestro país. Aunque hay excepciones que merecen reconocimiento, no podemos ignorar que muchas instituciones de los tres niveles de gobierno han fallado en contener esta amenaza que puede afectar al 86% de la población mexicana por la dramática presencia de los 175 grupos criminales con presencia en el 81% de territorio mexicano.
La extorsión, en sus diferentes modalidades, ha reemplazado al secuestro como el delito más rentable en varias regiones del país. Esto se debe, en parte, al aumento de la información que circula en redes sociales y medios de comunicación, lo que alimenta una “industria del miedo”. Este fenómeno, que amplifica el impacto de la delincuencia, ha transformado las actividades criminales en un negocio altamente lucrativo, devastando comunidades enteras y generando un ambiente de terror.
Existen dos principales modalidades de extorsión: la indirecta, que incluye engaños telefónicos, y la directa, conocida como cobro de piso. Aunque el 99% de las amenazas telefónicas no tienen sustento real, su impacto psicológico es innegable. Sin embargo, el cobro de piso es la variante más peligrosa y devastadora, pues implica amenazas tangibles contra negocios y familias. Este tipo de extorsión no solo afecta la economía local, sino que también destruye el tejido social al imponer un estado de miedo constante.
Las cifras oficiales muestran un crecimiento alarmante de este delito. Regiones completas están bajo el control de grupos criminales que operan con impunidad, mientras las instituciones luchan por recuperar el terreno perdido. La pregunta es: ¿qué podemos hacer como ciudadanos y autoridades para frenar esta epidemia?
Primero, debemos reconocer que la solución no está solo en el gobierno. Aunque aplaudo iniciativas como la de Clara Brugada, quien recientemente presentó una estrategia para combatir la extorsión en la Ciudad de México, también es responsabilidad de la ciudadanía informarse, organizarse y denunciar. Las políticas públicas, aunque esenciales, deben ir acompañadas de un cambio cultural que rechace la normalización del miedo y la violencia.
Segundo, es fundamental entender cómo operan estos delincuentes. En próximos capítulos, analizaré las regiones más afectadas, las tácticas más comunes y los penales desde donde se originan muchas llamadas de extorsión. Esta información no solo te ayudará a identificar y evitar riesgos, sino que también te permitirá contribuir a desmantelar esta red de terror.
Por ahora, quiero enfatizar un punto crucial: la extorsión no es un fenómeno inevitable. Es el resultado de años de negligencia, complicidad y desinformación. Pero también es un problema que puede resolverse si enfrentamos la realidad con valentía y determinación.
Desde este espacio, reconoceremos también a esos héroes anónimos: policías, funcionarios y ciudadanos que, contra viento y marea, luchan por devolver la paz a nuestras calles. Su trabajo es una inspiración y un recordatorio de que, aunque la situación parezca desalentadora, siempre hay esperanza.
México no merece vivir en la zozobra. Las familias mexicanas tienen derecho a vivir en paz, sin el temor constante de ser víctimas de un delito que ha cobrado demasiadas vidas y destruido demasiados sueños. Es momento de ponernos las pilas y actuar, porque solo unidos podremos devolverle a nuestro país la seguridad y dignidad que merece.
