Es necesario revisar los números oficiales de hace un par de meses, para dar contexto a nuestro presente tan gris en material de lucha contra el crimen organizado. La violencia en México, documentada ampliamente en informes como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, continúa siendo un tema de profunda preocupación que afecta no solo la calidad de vida de los ciudadanos, sino también las perspectivas de desarrollo social y económico del país. Este informe, basado en datos recopilados a nivel nacional, ofrece una visión integral sobre la victimización, el acceso a la justicia y la percepción de seguridad en México, revelando tendencias alarmantes y áreas prioritarias para el diseño de políticas públicas. La encuesta señala que el 63% de los mexicanos mayores de 18 años perciben su entorno como inseguro, siendo los espacios públicos como cajeros automáticos, transporte colectivo y calles los más temidos.
Esta percepción, aunque ligeramente menor en comparación con años anteriores, sigue reflejando una desconexión entre los esfuerzos gubernamentales y la sensación de seguridad ciudadana. La inseguridad no es solo un fenómeno físico; tiene un impacto psicológico, económico y social que afecta las decisiones cotidianas de las personas, como horarios de desplazamiento, rutas y actividades recreativas, perpetuando un clima de miedo que erosiona la confianza en las instituciones. Uno de los hallazgos más significativos del informe es que el costo de la inseguridad en México ascendió a 280 mil millones de pesos en 2023, lo que equivale a aproximadamente el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Este costo incluye pérdidas económicas directas, gastos en medidas de protección y consecuencias intangibles como la pérdida de oportunidades. La victimización afecta principalmente a sectores vulnerables, y aunque el 22.8% de los hogares en México reportaron haber sido víctimas de algún delito, solo el 10.1% de los casos fue denunciado, un fenómeno conocido como “cifra negra”. Esta baja tasa de denuncia refleja la desconfianza en las autoridades y el sistema de justicia, agravada por la percepción de ineficacia y corrupción.
El análisis de la distribución geográfica de la violencia muestra patrones claros de concentración en ciertas regiones. Estados como Guanajuato, Zacatecas y Baja California destacan por sus elevados índices de homicidios y delitos de alto impacto, impulsados en gran medida por la presencia de grupos del crimen organizado. Sin embargo, no toda la violencia está relacionada con el narcotráfico. En términos de género, el ENVIPE destaca cómo las mujeres enfrentan formas particulares de violencia que a menudo permanecen invisibilizadas. El 26.4% de las mujeres reportaron haber sido víctimas de acoso o intimidación, mientras que los casos de violencia sexual siguen siendo preocupantemente altos.
El futuro de la violencia en México dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a estos retos. La inversión en tecnología e inteligencia para combatir al crimen organizado, combinada con una estrategia robusta de prevención social, será esencial. Sin embargo, las soluciones no pueden centrarse exclusivamente en el aparato de seguridad. La educación, el empleo y la cohesión social son pilares fundamentales para construir comunidades más resilientes y menos vulnerables al impacto del crimen.
A nivel internacional, México enfrenta una presión constante para mejorar sus condiciones de seguridad, especialmente debido a su papel como un importante socio comercial y un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Esta relación bilateral, a menudo marcada por tensiones, requiere un enfoque colaborativo más equilibrado que aborde tanto la oferta como la demanda de drogas, así como el tráfico de armas y el lavado de dinero que alimentan a los cárteles. La encuesta también revela una tendencia preocupante: la normalización de la violencia en ciertos sectores de la población. En comunidades altamente afectadas, la resignación y el miedo han sustituido a la indignación, lo que dificulta la movilización social para exigir cambios. Este fenómeno, combinado con la desconfianza hacia las instituciones, representa un obstáculo adicional para cualquier intento de reforma significativa en el sistema de seguridad y justicia.