De forma intensa se ha debatido en estos días sobre qué hacer con la sobrerrepresentación en la próxima Cámara de Diputados. Estamos ante una de las partes complicadas de las reglas electorales, pero, sobre todo, estamos ante una definición fundamental para el futuro inmediato de nuestra democracia representativa.
En el debate hay dos interpretaciones: una que apela a la literalidad de la ley y a una visión desde el poder, la del partido dominante y sus satélites; y la otra que apela a una interpretación del espíritu de la ley, que tiene una visión amplia y sistemática de la legalidad. Cada una lleva a una conformación diferente de la cámara, en la primera, la coalición morenista obtendría la mayoría calificada, y sus satélites avanzarían a posiciones que no les corresponden, con graves problemas de sobrerrepresentación. En la segunda visión no habría mayoría calificada, sino mayoría absoluta para el oficialismo y un reparto equitativo entre votos y curules.
De esa decisión depende la composición de fuerzas del régimen, y se abre el dilema más importante para la democracia en los próximos años, entre regresar a un partido hegemónico que puede cambiar la Constitución a su voluntad, o tener un Poder Legislativo con pluralidad para negociar las reformas que vengan. Ese dilema es el fondo del problema.
Desde muy temprano, el 3 de junio, el gobierno de AMLO en su mañanera hizo sus cálculos de cómo quedaría la composición del Congreso. Fue indebido, porque se metió en un tema que no le tocaba, pero además marcó línea para que el INE y el Tribunal Electoral supieran cuál era la voluntad presidencial. Durante todo el proceso electoral hemos visto cómo se alteraron las reglas, se cambiaron los tiempos, se hizo una gran simulación de cambiar los nombres de las acciones (por ejemplo, coordinadores en lugar de precandidatos y candidatos). Por eso no resulta novedoso ver al Ejecutivo violar la legalidad.
El Observatorio Ciudadano 2023-2024 ha elaborado una explicación completa y documentada sobre el problema de la sobrerrepresentación. El 3 de agosto pasado se entregó un documento a las autoridades electorales. En ese trabajo elaborado por un equipo de especialistas se hace una historia de las reformas sobre los criterios del reparto de plurinominales; una amplia explicación del Artículo 54 de la Constitución; un conjunto de referencias de lo que ha dicho la SCJN, el IFE-INE y el Tribunal. El argumento central de los especialistas tiene que ver con la diferencia entre una interpretación “gramatical” de la ley y otra sistemática y funcional. El debate se ha enfocado en el Artículo 54 constitucional que dice “partidos” y no “coaliciones”. Sin embargo, se demuestra que la autoridad ha realizado diversas interpretaciones de la legalidad. Los que están por la sobrerrepresentación dicen que así está la ley; los otros señalan que es un absurdo lo que proponen porque llevaría a una muy fuerte distorsión de la voluntad popular. Por ejemplo, la primera fracción del 54 señala que para tener derecho a plurinominales cada partido necesita presentar candidaturas de mayoría relativa en al menos 200 distritos uninominales, ni PT, ni PVEM lo hicieron de forma individual, sino en coalición. Pero en las fracciones IV y V interpretan de forma tramposa sólo como si fueran partidos y no una coalición.
Sería una aberración que el Partido Verde (el partido canalla, Jorge Alcocer dixit), quedara en el segundo lugar cuando sólo ganó 6 distritos y su lugar real es el quinto; o que el PT —que no ganó ningún distrito de mayoría— se fuera del sexto lugar hasta el cuarto. La otra parte del problema es que los partidos de oposición quedarían subrepresentados. Así, el morenismo y sus satélites pasarían de 54% de los votos a 75% de la representación, una mayoría que no le dieron los votos el 2 de junio pasado. Sería una simulación y una distorsión de la voluntad popular.
Es previsible que la facción morenista, que representa Guadalupe Taddei en el INE, se imponga. En el Tribunal seguramente ganará la facción oficialista de los tres magistrados, Soto, De la Mata y Fuentes, que avalará la sobrerrepresentación, y la minoría independiente, Otálora y Rodríguez, no podrán cambiar nada. Ojalá me equivoque…
Investigador del CIESAS. @AzizNassif
