Una alianza de diez gobernadores —que lleva como lema el federalismo— vuelve a poner en el debate público el tema de la relación fiscal entre el centro y las regiones. Con una agenda que busca ser una voz independiente de los estados frente al gobierno federal, este grupo de gobernadores (Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes y Guanajuato) plantean un nuevo pacto para el reparto de los recursos presupuestales. La dinámica de confrontación ha oscilado entre amenazas de ruptura y la búsqueda del diálogo. Este pleito nos lleva a analizar el escenario por el que atravesamos.
La composición de este grupo político tomó su identidad cuando decidió salirse de la Conago, el foro que organiza a los estados para interactuar con el gobierno central, porque, según estos gobernadores, es una instancia que ya no sirve. La adscripción política incluye a cinco panistas, dos priístas, un perredista, uno de MC y un independiente. En 2018 los partidos que tenían la mayoría de la representación fueron derrotados en las urnas, y el país regresó a un régimen de partido dominante con un gobierno de mayoría.
La 4T se convirtió en el proyecto de gobierno y una parte importante de las decisiones de AMLO modificó los viejos modos de la relación con los estados. El objetivo es combatir la corrupción porque venimos de un conjunto de malas experiencias con la famosa generación podrida de gobernadores que practicaron la corrupción a niveles gigantescos. Las políticas de centralización de los recursos fueron el remedio. AMLO quiere acabar con todo tipo de intermediarios, con esos actores y espacios en donde se desvían los recursos públicos y no llegan a sus destinatarios legítimos. El otro componente ha sido la política de austeridad que ha recortado gastos, presupuestos y espacios de gobierno. Además, con la doble crisis, de salud y económica, los recortes al gasto público aumentaron. Los estados han dejado de recibir 80,707 millones de pesos en este año (El Economista, 2/11/2020). Todos los niveles de gobierno han sido afectados, ahora somos una República con más necesidades, menos recursos y más urgencias.
Con estos ingredientes la Alianza Federalista levanta la voz y “cierra filas” por sus estados y sus intereses. Con un discurso agresivo y rupturista, los gobernadores reclaman y, al mismo tiempo, piden diálogo; quieren más recursos y cuestionan la forma del reparto. La respuesta de AMLO, como en otras confrontaciones, ha sido negar las banderas de la alianza porque se les has dado los recursos que legalmente les corresponden. Cunado se revisa la Ley de Coordinación Fiscal, que viene del sexenio de López Portillo (1976-1982), salen a relucir las fórmulas del reparto, pero destaca que ha sido una ley con múltiples cambios, todos los últimos presidentes le han hecho modificaciones. Lo cual significa que el modelo de reparto fiscal ha sido producto de los gobiernos del PRI y del PAN. En eso tiene razón AMLO. Sin embargo, ya se sabe que en política se necesitan mecanismos de diálogo para llegar a acuerdos porque los proyectos necesitan de pactos, y en eso tienen razón los gobernadores. Parece que AMLO aceptó reunirse con la Alianza Federalista con la condición de que no haya “politiquería”, es decir, que cada quien quiera llevar agua a su molino en estos tiempos que se acercan las elecciones de 2021. Cuatro estados de la Alianza Federalista renovarán su gubernatura en 2021, Chihuahua, Colima, Michoacán y Nuevo León.
Se necesitan ajustes en todo el modelo fiscal, México sigue con una de las recaudaciones más bajas de América Latina y así no tendremos políticas públicas suficientes y eficaces para enfrentar nuestros graves problemas nacionales. Si se quiere tener un federalismo eficiente urge una reforma fiscal, no basta con el combate a la corrupción y la política de austeridad…
