Si la polarización responde a una estrategia del presidente, puede ser que la reacción ante la SCJN por el voto en contra del traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena, sea más bien un berrinche. ¿Cómo entender ese enojo de que “no les contesten ni el teléfono”? AMLO asumió la derrota, pero se ha dedicado a insultar a los ocho ministros y ministras que votaron por ese proyecto. Ya anunció que hará una propuesta de reforma constitucional para militarizar a la GN en septiembre de 2024. ¿Con cuál parte nos quedamos, con el berrinche o con la estrategia?
Con las elecciones intermedias de 2021 Morena y su coalición perdieron la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados y la oposición declaró que no legislaría cambios a la Constitución. Empezó un extraño ciclo en donde la Presidencia propuso reformas a la Carta Magna, pero no se lograron los votos necesarios y entonces llegaron reformas a leyes secundarias, pero en contra de las disposiciones constitucionales, por eso se hicieron controversias. La apuesta del Ejecutivo era que las impugnaciones no obtuvieran los ocho votos necesarios para echarlas abajo. Esta estrategia se conoció como plan A y plan B, reformas constitucionales o reformas secundarias. La SCJN ha sido el árbitro de estos litigios. En este contexto se puede entender el enojo presidencial y, al mismo tiempo, el acatamiento de las disposiciones judiciales. ¿Queda el enfrentamiento en pleito de narrativas o va más allá?
El acuerdo político que creó la GN en 2019 logró un gran consenso entre todas las fuerzas políticas porque se concibió como un organismo de carácter civil. Después, AMLO quiso asegurar que su consolidación quedara dentro del paraguas militar. Su argumento es que si no sucede de esta forma regresaremos a los tiempos de García Luna, es decir, si la GN se va a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, será un “error garrafal”. Este planteamiento deja ver de forma muy clara lo que el presidente piensa y cómo ha decidido su relación con los militares. Considera que ese sector es el único que le garantiza disciplina, eficiencia y lealtad para sus políticas y sus proyectos, por eso los ha empoderado de forma extraordinaria, al grado de que hoy se hacen cargo de múltiples funciones y tareas que antes estaban en el dominio civil. No sólo la seguridad pública se ha militarizado y los plazos para que los militares se hagan cargo de esa tarea se han ampliado, sino también hacen diversas obras, administran aduanas y aeropuertos, entre otras muchas funciones. Los militares se han convertido en el gran aliado de AMLO en la administración pública. Ahora la GN pasará de nuevo al mando de la Secretaría de Seguridad.
El reciente reportaje sobre los viajes familiares del secretario de la Defensa, cuya fuente fue el hackeo de Guacamaya Leaks, es una historia que está en abierta contradicción con las políticas de austeridad de este gobierno; sin duda, se trata de un escándalo, pero el presidente no le ve ningún problema. En una mañanera respondió con un “¿Y qué? ¿Cuál es el problema?” (EL UNIVERSAL, 19/04/2023). En suma, al general y a los militares no se les toca ni con el pétalo de una rosa, como dice el dicho popular.
En estos días se ha publicado un reportaje de The New York Times sobre la forma en la que México se ha convertido “en el mayor usuario del programa de espionaje más conocido del mundo”. El famoso programa Pegasus operado por los militares se “infiltró en los teléfonos celulares de dos de los principales defensores de los derechos humanos del país (…) Según la legislación mexicana, las entidades gubernamentales necesitan autorización de un juez para espiar comunicaciones privadas. Pero en declaraciones públicas, el ejército no ha hecho ninguna solicitud para intervenir esas comunicaciones en los últimos años” (New York Times, 18 de abril de 2023).
Con este rompecabezas que muestra la relación especial entre este gobierno y los militares, resulta preocupante el ataque a los contrapesos que tiene la democracia y la ciudadanía, como la SCJN, la prensa, los defensores de derechos humanos, el INAI, etc. Sin duda, estos temas serán parte de las campañas electorales de 2024…
