“¡Al diablo con sus instituciones!”. Así arengó en 2006 el candidato perdedor cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el fallo del IFE dando como presidente electo a Felipe Calderón.
En el párrafo de arriba se resume todo el ejercicio bárbaro de poder que hoy sufre el equilibrio democrático de México. El rencor es la motivación para la venganza; acabar con el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y toda aquella sigla que le recuerde al candidato perdedor que lo fue. La personalidad que debiera tener el presidente fue secuestrada irremediablemente por la del perdedor. No tenemos un presidente que proponga, construya, cree, evolucione. Tenemos al Sr. Jekyll tomando decisiones hoy con el resentimiento del ayer.
¿Que no pasó el plan “A”? pues al “B”. ¿Que la Suprema Corte de Justicia —como institución, no el ministro Laynez en lo personal— declaró la suspensión definitiva del “B”? pues al “C”. Eso significa que hoy por hoy, no existe posibilidad alguna que alguien con imparcialidad dirija al INE. A partir el primero de abril que se cambia a cuatro consejeros, entre ellos la presidencia, se acabó el respeto y la defensa de la pluralidad y el piso parejo.
Es verdad que quien presida el INE tendrá criterio propio, pero en política las facturas se pagan y el impulso para presidir al instituto que calificará la sucesión en el 2024 aun sin contar con experiencia electoral ni imparcialidad, es una enorme factura. Impensable que cualquiera de las cinco propuestas voltee bandera. Saben bien que la venganza es el sello de la casa.
El ministro Javier Laynez Potisek, al sentenciar la suspensión definitiva del plan “B”, ejerció su facultad con firmeza, valentía y discreción, como es característica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la llegada de Norma Piña, cuya figura quemaron cual bruja en hoguera los seguidores del mesías, arengados sin descanso por su líder desde el púlpito de la mañanera.
Al ministro Laynez, por hacer valer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no la que ellos desearían que fuera —la Constitución de la Cuatroté—, fue atacado por el jefe del ejecutivo federal con su ya natural y cotidiana furia, quien lo calificó como “alteza serenísima”.
El verdadero “alteza serenísima” el que sí vive en un palacio, ha instruido a sus súbditos, que no colaboradores, a impugnar la resolución. De admitirse, pasará a otra u otro ministro; ellos rezan a todos los santos para que caiga en manos de uno de “los suyos”. Impugnar es legal, sí; pero —en palabras propias de su alteza— es inmoral.
Ahora, los embates mañaneros dan fruto. No es poco el poder ni pocos los seguidores ciegos de “su alteza”. Si bien el ejecutivo va perdiendo la batalla legal, el INE y la Suprema Corte por supuesto que han sufrido el desprestigio por él causado. ¿El costo? Se debilita la confianza en sus decisiones, la unidad de los mexicanos y la ya de por sí exigua paz social.
En cuanto a lo electoral, como siempre, hará lo que sea, legal o ilegal, apegado a verdad o a mentira, para manipular a su favor a quien desprecia en lo íntimo y llama “el pueblo”. Nada, que este hombre no sabe, no ha sabido y —ojo— tampoco sabrá perder. Lo que no gana en las urnas lo gana en las politiquerías. El 2024 luce escabroso.