Si hay algo que no se puede presumir desde Palacio Nacional, además del desastre que ha hecho en la salud pública y en la economía, es la seguridad pública. Si bien el ahora presidente de la República cuestionó la política de seguridad del sexenio 2006-2012 (el uso de las Fuerzas Armadas), -porque no quiso ver elementos para valorar la situación nacional- y criticó la inacción del expresidente Peña para enfrentar este problema, lo cierto es que una vez en el poder, sobraron las promesas, cambiaron las circunstancias y la realidad se ha impuesto.
En los más de 10 documentos oficiales, incluido el Plan Nacional de Desarrollo, no hay una sola línea que defina cómo se combatirá a la delincuencia organizada. En los hechos, lo que sí hay son señales preocupantes: en 2019, en Tlahuelilpan, Hidalgo, el robo de combustible derivó en la explosión que causó la muerte de más de 130 personas; en octubre, la detención de Ovidio Guzmán, con el posterior perdón presidencial y luego el saludo a la madre/abuela de delincuentes de talla internacional y, recientemente, el señalamiento que increpa, a manera de justificación, sobre tareas del fuero federal que pretenden responsabilizar a la instancia local en Guanajuato, con la detención de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro" y sus familiares, el cual ya había amenazado públicamente a las autoridades federales y locales.
Resulta menos que inconcebible que ahora que se compromete la seguridad nacional, las instancias federales encargadas de sustentar las carpetas de investigación se “tiren la bolita” para acreditar las pruebas, lo cual demuestra falta de coordinación e ineficiencia en beneficio de los delincuentes, que lejos de pagar por sus delitos, encuentran espacios jurídicos para librar la impartición de justicia. Nadie debe rehuir la responsabilidad que debe asumir. Y mientras tanto, los habitantes de nuestro país ven que desde el inicio de este gobierno hay una clara empatía con los delincuentes y "sus derechos", no así con las víctimas.
La creación de la Guardia Nacional, propuesta estelar del presidente, generó muchas expectativas. Dicha corporación, que fue contemplada para desplegarse en todo el territorio nacional y que nació entre dudas e incertidumbres de la oposición sobre su efectividad, por la prevalencia de su mando militar sobre el civil, no ha dado resultados en lo que debería ser su labor fundamental: investigar y procesar ante el Ministerio Público los casos de crimen organizado y delitos federales.
Este ha sido un año complejo debido a la diversificación de sus actividades -entre contención de migrantes, vigilancia de ductos de PEMEX para evitar robo de combustible y apoyo a la emergencia sanitaria-, pero con nulos resultados según el propósito para el que fue creada. Tenemos un cuerpo que no se ha especializado, pero que sí cuenta con cuantiosos recursos económicos, tecnológicos y humanos. La GN debería aplicarse en la ejecución de una estrategia para terminar con el crimen organizado, aspecto en el que hay pésimos resultados en la satisfacción de una de las demandas mas importantes de la población: su seguridad.
Como era de esperarse, el responsable de la GN dio un informe cuantitativo en el que detalló algunas cifras de sus 12 meses de funcionamiento, sobre sus más de 50 funciones legales, y las adicionales, por ejemplo, patrullaje de calles, como si fueran policías. Para nadie es desconocida su debilidad institucional para cumplir con el desmantelamiento de las bandas criminales, ni tampoco su falta de capacitación y formación que, hoy por hoy, tienen en vilo la estabilidad del país.
No hay trabajo de investigación ni de inteligencia que merezca mencionarse, pues en caso de obtener datos que permitan conocer los movimientos delincuenciales, a la luz del artero y cobarde atentado en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de poco sirven si no detonan mecanismos para inhibir o disminuir acciones delictivas que no escatiman recursos para atacar. A la GN se le sigue viendo como un cuerpo de proximidad y reacción y no como la agencia constitucionalmente encargada de investigar delitos y proponer su ministerializacion.
La realidad en datos oficiales es que, a un año de la GN, han sido asesinadas más de 34,400 personas. Periodo de sangre y violencia. El pueblo de México exige una estrategia de Estado para enfrentar y combatir a la delincuencia organizada, que no sea la de “los abrazos”.
Diputada federal
