Muchos fueron los varones que festinaron la reforma constitucional de “Paridad de Género en los órganos del Estado”, aprobada en la Cámara de Diputados el 23 de mayo de 2019. No cesaron de repetir, de una u otra manera, lo que esto representaba en la lucha histórica por alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Al cabo de los meses, es triste reconocer que esos festejos fueron como ‘las palabras se las lleva el viento’, después de conocer el pronunciamiento de senadores y dirigentes de partidos políticos en contra de los criterios que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó hace unas semanas, que obligan a los partidos políticos a postular mujeres como candidatas a gubernaturas, en al menos siete de las 15 entidades que tendrán elecciones en el 2021, so pretexto de que esta no era facultad del órgano electoral.
Lo cierto es que la intención -solo eso, la intención- de diversos actores políticos es aparentar que defienden la igualdad, cuando en el fondo permanece su clara resistencia a que una mujer se postule a cargos de decisión. En los hechos está la constante negativa a hacer efectivas las condiciones de igualdad y equidad que ya están plasmadas en la Constitución.
Vale la pena citar la violencia que sufre la precandidata de Acción Nacional a la gubernatura del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, víctima de una serie de acusaciones que tienen que ver con su desempeño en la administración pública local, como parte de una estrategia para desprestigiarla y así bajarla de la contienda electoral.
Alcaldesa de la capital en dos ocasiones, reconocido y valorado su trabajo por los logros alcanzados en programas de beneficio social, en el manejo de la cuenta pública, hoy tiene que enfrentar cargos por irregularidades que ella no cometió, ataques que vienen directamente de las entrañas mismas del poder local, y solo porque la balanza se inclina a favor del otro precandidato.
Ante la posibilidad real de que pueda llegar al máximo cargo público local por la vía de las urnas, un grupo de militantes pretende eliminar, sin importar el costo, a la adversaria política, destruir -con base en difamaciones-, su trayectoria y lastimar su persona, única forma de descarrilar la legítima aspiración de una mujer valiente.
Sorprende la utilización de las mismas herramientas del poder que, hace unos meses, con el problema del agua, se señalaba como abuso del gobierno federal. Apena reconocer que se trata de compañeros de partido, que se supone entienden los valores democráticos para enfrentar una contienda interna de altura, limpia, fraterna, con argumentos, sin violencia política.
El caso de Maru es una muestra del coraje y determinación de una mujer que, aunque le quieren cerrar el acceso a las puertas de la contienda interna, ella no ha bajado la guardia y continúa en el ejercicio pleno de sus derechos para participar y encabezar la fórmula de Acción Nacional.
Aún son muchos los retos que se deben superar para hacer válidas la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres en este país. Somos más las que no nos prestaremos a la simulación. Trabajaremos para sumar voluntades y defender nuestros derechos de participación política en contiendas limpias y libres de todo tipo de violencia. Por fortuna, cada vez son más las voces y voluntades que aprendieron a no tenerle miedo a ser pares.
No es una lucha entre géneros ni una graciosa concesión lo que hay que librar. Es urgente y necesario un cambio de actitud, de patrón cultural, de control, para garantizar que muchas más sean tomadas en cuenta en los ámbitos laborales, profesionales, políticos, deportivos, culturales.
Nada debe impedir que transitemos al espacio de las decisiones que impactan en la búsqueda del bien común.
Diputada federal
