La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR) no fue un acto administrativo rutinario, sino un mensaje político cargado de símbolos, silencios y advertencias. Desde el primer día, la nueva fiscal mostró que su papel no será el de una operadora técnica de justicia, sino el de un engranaje clave en la maquinaria de poder que busca blindarse frente a la crítica y la denuncia.
La detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de corrupción en sexenios anteriores, fue presentada como una victoria institucional, aunque en realidad se trata de un expediente heredado que ahora se exhibe como carta de legitimidad. Es un caso que, por su antigüedad y por haber sido procesado en otros sexenios, no representa un riesgo para el grupo gobernante actual, sino más bien un trofeo que se desempolva para mostrar acción.
Muy distinto es el caso de María Amparo Casar. Aquí no se trata de un expediente viejo, sino de un intento de desacreditar a una voz incómoda. Casar, al frente de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, ha documentado con pruebas verificables la corrupción que rodea a López Obrador, sus hijos, parientes y amigos, quienes siguen gozando cínicamente de favores y contratos bajo la sombra de una justicia selectiva. En lugar de responder con transparencia a esas denuncias, el régimen opta por perseguir a quien las revela, utilizando el tema de su pensión como un arma política.
La diferencia es evidente: mientras Duarte sirve para exhibir un supuesto combate a la corrupción sin costo político, Casar es atacada por haber expuesto la corrupción viva y palpitante del círculo presidencial.
El contraste se amplía cuando se observa el silencio ante los señalamientos contra figuras de peso dentro de Morena: Los Obrador, Adán Augusto López Hernández, Rubén Rocha, Américo Villarreal, Marina del Pilar, Ricardo Peralta, Mario Delgado, Sergio García Luna, Pedro Haces y Ricardo Monreal, aparecen en denuncias y señalamientos que, sin embargo, no generan acción alguna por parte de la fiscalía.
La omisión es tan elocuente como las acciones: se persigue a los adversarios o a los casos “cómodos”, pero se protege a los aliados, incluso cuando las acusaciones son graves y documentadas. La justicia se convierte en un arma de uso selectivo, y la imparcialidad constitucional queda reducida a un discurso vacío. Así, la “transformación” avanza peligrosamente con amenazas y actos intimidatorios, con el firme propósito de no soltar el poder a ningún costo.
De nada sirve presentar los seis ejes de acción de la FGR como si fueran una innovación, cuando en realidad son obligaciones constitucionales de cualquier fiscal, que, por supuesto no cumplió tampoco el antecesor de Ernestina Godoy, ahora repudiado por el régimen, pero antes alabado por los voceros oficialistas y políticos morenistas encumbrados que confirman la máxima cortesana, ¡viva la reyna, muera el rey!
El arribo de Godoy implica riesgos profundos para la democracia mexicana. La fiscalía, en lugar de ser garante de justicia, se convierte en un instrumento de inhibición política. Los actores opositores se repliegan: algunos por temores fundados en sus propios comportamientos poco éticos o corruptos, otros por el miedo de que se les siembren delitos a diestra y siniestra. La amenaza es doble: quien critique puede ser perseguido, y quien denuncie corrupción puede ser desacreditado o criminalizado. La siembra de miedo es una estrategia deliberada para evitar que el régimen sea incomodado por la crítica y la denuncia de actos de corrupción que, día tras día, salen a la luz.
La democracia no se destruye de golpe, se erosiona cuando el miedo se normaliza y la justicia se convierte en un arma de intimidación. La llegada de Ernestina Godoy a la FGR marca un capítulo donde los expedientes se usan como trofeos o castigos, donde se premia la lealtad y se persigue la crítica, y donde el silencio ante los aliados revela la verdadera naturaleza del poder.
Los mexicanos deben entender que este camino es peligroso: si la justicia se somete al cálculo político, no habrá programa social capaz de aliviar el dolor que traerá a las familias, ni la fractura que provocará en la participación política desde la pluralidad. La advertencia está escrita con claridad: un país que siembra miedo cosecha silencio, y un pueblo que acepta la justicia selectiva renuncia a su derecho más elemental, el de vivir en libertad.
Política y activista