Hoy más que nunca, la frase de: "quien no conoce su historia está condenado a repetirla" cobra fuerza en nuestro país. A pesar de que estamos en el año 2020, tenemos un gobierno de los años 70 y una revancha política electoral del 2006.
El presidente López Obrador está atrapado en el laberinto mental del que no ha podido salir a pesar de su victoria de hace casi dos años, pues nos empuja, a todas y todos, a un precipicio, por la persecución y venganza contra quienes reconoce como enemigos políticos personales, causantes y culpables de su derrota electoral, y se aferra a cobrar facturas que le impiden entender la alta responsabilidad de su encargo, el cual debiera ejecutarse en beneficio de las mexicanas y los mexicanos. A López Obrador y a sus seguidores extremistas, lo único que los mueve es, tal cual lo dijo: “yo no odio, pero yo no olvido”.
Y sí, no olvida cuando, en el 2004, se hicieron públicos los videos que involucraban a su amigo y colaborador, René Bejarano, recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada; es decir, en actividades corruptas, ni tampoco olvida las imágenes de Gustavo Ponce Meléndez, secretario de Finanzas del entonces Distrito Federal, acusado de fraude genérico, jugando en los casinos de Las Vegas, Nevada, y hoy como presidente, quiere vengar la afrenta de todos aquellos que siente afectaron su paso en la elección de 2006.
Y no nos equivoquemos, al presidente no le molestó el acto de corrupción, lo que le ofendió fue sentirse exhibido en el programa televisivo de Víctor Trujillo, Brozo, que cimbró a la opinión pública. Y tan pronto ganó, su primera presa fue Rosario Robles. ¿Cómo alguien había osado evidenciar lo que era un secreto a voces: la corrupción del círculo político que él encabeza?
En su lista siguen ahora los actores principales del 2006: Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional. Como buen autoritario y mal demócrata, alegó un fraude que nunca pudo demostrar, porque no lo hubo; nunca aceptó que, por un voto, uno solo, se gana o se pierde, porque para él, la única verdad es la suya.
Resulta alarmante, por decir lo menos, la violenta escalada de acusaciones que se disparan desde Palacio Nacional hacia las administraciones pasadas, especialmente las de Acción Nacional, que además de formar parte de su venganza, pretenden desviar la atención de las tres crisis que padecemos: las casi 55 mil muertes por Covid-19 por las malas decisiones sanitarias; la debacle económica, por la falta de apoyo a quienes generan riqueza, y la inseguridad que nos azota por la nula estrategia en contra de la delincuencia organizada.
Con la extradición de Emilio Lozoya y la detención de Genaro García Luna, en Estados Unidos, ha construido una narrativa de falso combate a la corrupción y a la inseguridad, que más que justicia, nos sumen en la triste realidad de la impunidad. Las acusaciones que se han hecho públicas desde las conferencias mañaneras, para acusar, sin mostrar prueba alguna, actos que ya se juzgan y sentencian sin mayores elementos que los dichos del presidente con la ayuda de su fiscal, pretenden cumplir con su propósito de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, con lo que demuestra que el que se la hace, la paga.
En la realidad, las primeras amnistías serán para Lozoya y quizás para “El Marro”, mientras le digan lo que quiere escuchar, sea o no sea verdad. Así quiere probar que la Constitución, la ley y la Fiscalía se mueven según su palabra.
Que quede claro, nadie niega la necesaria investigación de cualquier funcionario del pasado y del presente vinculados a hechos ilícitos y de corrupción. Que se aplique la ley como debe ser, pero eso no implica que se evadan las responsabilidades por opiniones personales, que como país nos mantienen en un laberinto de impunidad del que no encontramos salida.
