En México persiste una confusión peligrosa: se presenta la pobreza como virtud formativa y la resistencia como sustituto de la política pública. Desde el discurso oficial y buena parte del relato cultural se insiste en que “salir adelante” es, ante todo, una cuestión de carácter, cuando en realidad es una cuestión de oportunidades. Quienes hoy ostentan el poder lo saben perfectamente; lo repitieron en campaña y como gobierno. Sin embargo, han actuado en sentido contrario porque les es funcional. Han convertido la carencia en destino para evadir su responsabilidad central: garantizar herramientas reales de movilidad social.
La pobreza no educa, no fortalece ni vuelve más sabias a las personas. La pobreza limita, reduce márgenes de decisión y amplifica riesgos. No genera mérito; exige supervivencia. Confundir ese esfuerzo obligado con una virtud cívica ha sido una de las coartadas más eficaces para justificar la desigualdad y, hoy, además, para normalizar el deterioro de uno de los pocos instrumentos capaces de romper ese ciclo: la educación pública.
Nací y crecí en una colonia popular, de esas donde el Estado es una referencia abstracta y la política pública rara vez se materializa. Ahí aprendí temprano que sobrevivir exige disciplina, pero también que el esfuerzo sin herramientas termina siendo un círculo cerrado. Por eso no idealizo ese origen: porque en esos contextos los problemas no solo existen, se amplifican.
Si algo marcó la diferencia en mi historia fue una convicción sencilla y obstinada: la de una madre que entendía que, ante la falta de dinero, la única herencia posible era el estudio. Ella, como millones de mujeres en este país, sabía que la educación no garantiza el éxito, pero sí multiplica las posibilidades. No lo aprendió en un curso ni lo repitió como consigna ideológica; lo sabía porque había vivido lo contrario.
Mi madre solo cursó hasta tercero de primaria. Su sueño de ser maestra se truncó cuando la vida decidió por ella. Tal vez por eso fue implacable en un punto: todos sus hijos debíamos terminar una carrera profesional. No podía ayudarnos con tareas ni revisar cuadernos, pero cuidaba algo más importante: que entendiéramos la escuela como una responsabilidad innegociable. A fin de ciclo había una regla clara: la boleta debía mostrar calificaciones aprobatorias. No era obsesión por el mérito; era conciencia de que sin educación el margen de elección se reduce a casi nada.
Ese acuerdo doméstico contrasta con el abandono institucional que hoy enfrenta la educación pública. Durante el siglo pasado, con todos sus errores y desigualdades, México avanzó —lento, incompleto— hacia un sistema que al menos aspiraba a formar. Faltaban recursos, infraestructura, actualización docente y equidad territorial, pero existía una noción básica: la educación como palanca de futuro.
Hoy esa noción está en entredicho. Después de siete años de la llamada “transformación”, los indicadores educativos muestran un deterioro que ya no puede atribuirse solo a la pandemia o a inercias heredadas. La UNESCO lo advirtió recientemente: México no ha avanzado en habilidades lectoras ni en conectividad a internet, dos elementos mínimos para aprender en el siglo XXI. Más grave aún, el organismo señaló que el sistema educativo está incrementando su deuda con niñas, niños y jóvenes. Deuda, no metáfora: una obligación que se acumula y que alguien tendrá que pagar.
No es un diagnóstico aislado. Los resultados de PISA 2022 confirmaron retrocesos en matemáticas, lectura y ciencias. Y mientras los aprendizajes caen, la deserción escolar aumenta, especialmente en primaria y secundaria. Menos estudiantes permanecen en las aulas porque la escuela dejó de ser, para muchos, un puente hacia algo mejor. Cuando el sistema no ofrece herramientas para imaginar un futuro distinto, la permanencia se vuelve un acto irracional.
Frente a este escenario, lo que hemos visto no es conducción educativa, sino simulación. En Palacio Nacional y en la Secretaría de Educación Pública se privilegia el gesto sobre la política pública. Mario Delgado, actual titular de la SEP —que en su momento respaldó reformas educativas y hoy las desacredita— parece más cómodo actuando ridículamente en redes sociales, que enfrentando el deterioro estructural del sistema que ellos mismos han intensificado. Y desde Palacio Nacional, se transmite la idea de que el problema puede resolverse con ocurrencias digitales, como si un rap sustituyera planeación, presupuesto, evaluación y estrategia de largo plazo.
Pero sería ingenuo pensar que este desmantelamiento es producto de la incompetencia. Lo dijimos cuando Marx Arriaga fue convertido en chivo expiatorio: el solo fue el instrumento de algo más perverso y de alguien más ambicioso, que desde su llegada al gobierno eligió un modelo que ofrece pasado cuando el mundo exige futuro. Que habla de identidad mientras evade competencias. Que romantiza la precariedad porque una sociedad con menos herramientas es una sociedad más administrable.
Y mientras el paisaje frente a Palacio Nacional se llena de casas de campaña de la CNTE -clientelas electorales de Morena- y la presidenta resiste para luego ceder a más y más dinero público para sostener compromisos políticos, este modelo educativo de “la transformación”, niega a niñas, niños y jóvenes lo indispensable para competir: lectura sólida, pensamiento matemático, ciencia, tecnología, conectividad y habilidades digitales. Y cuando la escuela deja de ofrecer futuro, deja de ser relevante. Y cuando el sistema educativo falla, no fracasan los estudiantes: fracasa el proyecto de país.
Política y activista