El gobierno de Estados Unidos, en voz del senador Marco Rubio, anunció las etapas que —según su visión— deberían guiar la recuperación de Venezuela: estabilización, recuperación económica y, finalmente, transición. Palabras que suenan sencillas, casi quirúrgicas, pero que en la práctica representan un camino largo, incierto y profundamente doloroso para un país que lleva un cuarto de siglo atrapado en un régimen que destruyó su tejido social.
Veinticinco años después de la llegada del chavismo, al menos una generación completa creció bajo una narrativa de confrontación, resentimiento y división. Es la fórmula clásica del populismo: fracturar a la sociedad para perpetuarse en el poder. Hoy, tras la captura y detención de Nicolás Maduro, las redes sociales exhiben con crudeza la polarización que domina al país sudamericano.
Los regímenes autoritarios suelen construir una falsa batalla entre “izquierda” y “derecha”, como si la política fuera un campo de exterminio simbólico donde la aniquilación del adversario garantiza la victoria. Esa lógica binaria ha sido el combustible de su permanencia. Y lo más grave: ha moldeado la visión del mundo de millones de jóvenes que crecieron sin conocer instituciones fuertes, sin prensa libre, sin contrapesos reales y sin la experiencia cotidiana de la democracia.
Por supuesto, nadie desea que potencias extranjeras intervengan en decisiones que corresponden únicamente a cada pueblo. Pero surge una pregunta incómoda: ¿qué debe hacerse cuando es el propio gobierno el que se autoproclama “pueblo”, captura las instituciones, manipula la vulnerabilidad social y anula la voluntad ciudadana?
Los venezolanos tardaron más de dos décadas en reorganizarse. En su más reciente proceso electoral, ganaron el apoyo mayoritario, pero ese triunfo no fue reconocido por Maduro ni por las instituciones sometidas a su control. El Consejo Nacional Electoral, abiertamente oficialista, convirtió la elección en un trámite sin garantías. No bastó ganar en las urnas cuando la manipulación y el sometimiento fueron las herramientas para simular respaldo popular.
¿Qué más podían hacer los venezolanos si incluso algunos de los miembros de organismos internacionales, que pudieron hacer la diferencia, permanecieron ausentes o tibios ante las denuncias? No hay una respuesta única. Y quizá nunca la haya.
Pero sí hay una advertencia que México no puede ignorar. Lo ocurrido en Venezuela no es un fenómeno lejano ni ajeno. Es un espejo incómodo. Las similitudes en la forma de gobernar son cada vez más evidentes, y avanzamos con inquietante velocidad hacia un modelo que ya demostró su capacidad destructiva.
No vamos lejos, el INE, alguna vez un órgano ciudadano, construido con mucho esfuerzo, hoy luce cada vez más cercano al oficialismo. La intervención del gobierno en los procesos electorales es inocultable. Colonizaron la institución y, con artimañas, también las mesas directivas de casilla. La elección de 2024 dejó claro que la maquinaria electoral no es Morena —Morena no existe como partido autónomo— sino el propio gobierno federal y los gobiernos estatales morenistas. Programas sociales, recursos públicos y, según múltiples denuncias, hasta la sombra del crimen organizado forman parte de ese engranaje, aunque se niegue una y otra vez.
A ello se suma el control del Poder Judicial y un aparato de comunicación que opera desde medios públicos hasta propagandistas sin escrúpulos. Las encuestas de supuesta aprobación popular funcionan como instrumentos de presión y narrativa, no como mediciones confiables.
Y aquí es donde el riesgo para las nuevas generaciones se vuelve evidente. Si normalizamos la captura institucional, si aceptamos la mentira como método, si permitimos que el poder se confunda con el Estado, estaremos condenando a nuestros jóvenes a crecer en un país donde la democracia será un recuerdo y no una experiencia.
No podemos permitirnos un país donde la participación cívica se perciba inútil, donde la crítica sea castigada y donde la movilidad social dependa de la lealtad política y no del mérito.
Entre la sociedad plural, el panorama es claro: el control institucional es real y profundo. Por eso la reorganización interna no es solo deseable, es urgente. De lo contrario, dentro de 25 años podríamos estar lamentando haber ignorado las señales que hoy son tan visibles.
Si no reaccionamos ahora, no serán los libros de historia los que nos juzguen, sino nuestros propios hijos, preguntándonos por qué dejamos que les heredaran un país roto. Si no corregimos el rumbo, no será sólo tragedia, sino negligencia histórica, y serán nuestros jóvenes quienes paguen la factura de nuestra cobardía.
Política y activista
@AdrianaDavilaF