La imagen se hizo viral. Es indignante, condenable, patético e incontrovertible el toqueteo que recibió la candidata Rocío Moreno por parte del candidato a gobernador de Zacatecas por la alianza Morena, Partido del Trabajo y Verde, David Monreal. Resulta increíble que acepte el roce involuntario para luego asegurar que es "mentira, mentira, mentira", producto de la magia de la tecnología. Las imágenes hablan por sí solas.
Si eso es penoso, lo es más la justificación por parte de la candidata afectada que, al no percibir la gravedad de los actos, optó por minimizar el toqueteo y atribuir la viralización de las imágenes a la narrativa del complot, al afirmar que la gravedad del hecho obedece a un ataque político que pretende desvirtuar el movimiento al que pertenece.
Es una pena que una mujer que pretende participar en política le reste importancia a estos actos, acabe por normalizarlos y atente contra su dignidad de esta forma. Habla mal de ella y, en definitiva, no es la voz de quienes hemos luchado por dignificar el trabajo político de las mujeres, por exigir el respeto a nuestras vidas, a nuestra integridad, a nuestra honorabilidad y a nuestras capacidades.
Esta es una de las muchas acciones reprobables que han caracterizado a este sexenio, la carga sexual y la falta de respeto mayoritariamente a las mujeres, por la facilidad con la que se emiten juicios y se justifican hechos aceptados, tolerados y defendidos desde Palacio Nacional.
Desde los dichos de Mireles al llamar "pirujas" a las concubinas de los derechohabientes, hasta el "se las metimos doblada, camarada" de Taibo II, sobre su nombramiento como director del FCE, son muestra de un lenguaje ofensivo, vulgar, machista y ya normalizado, pero nada apropiado que utilizan los funcionarios de este gobierno, que sobrepasa los límites éticos bajo los cuales deben conducirse por el cargo que ostentan.
Y qué decir del deplorable caso del excandidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, a quien se le debió cancelar la candidatura, no por un acto meramente administrativo --sin demeritar que se haya caído en la omisión de la ley, que obliga a todos los precandidatos y candidatos a presentar sus informes de gastos--, sino por el curso penal que debieron seguir las carpetas de investigación en su contra por agresiones sexuales denunciadas por cinco de sus víctimas.
Tal parece que esto obedece a una estrategia para mantener en campaña permanente al candidato.
Es lamentable que la discusión se centre en el linchamiento al INE, por cumplir la ley, y no en exigir a las instituciones de procuración de justicia de este país que castiguen los delitos cometidos contra mujeres.
Hoy, los victimarios y los agresores se salen con la suya, porque cuentan con licencia de impunidad, a pesar de que las cifras de violencia contra las mujeres van en aumento.
Las faltas de respeto que hemos conocido son actos cometidos por personajes ligados al poder político, cubiertos bajo el manto protector que emana del gobierno morenista. Por eso, no debemos permitir que estas conductas se normalicen.
En esta temporada electoral el llamado es a las candidatas que deben procurar que su participación política haga la diferencia. No basta con quejarse por la violencia política en razón de género si se disculpa lo indefendible.
Están obligadas a demostrar que su llegada a los espacios de elección popular no son concesiones regaladas. Muchas de las que hemos recorrido este camino hemos luchado por romper estereotipos con esfuerzo, estudio y preparación.
Nuestro arribo a los espacios públicos es para hacer la diferencia y para trabajar por mejorar las condiciones de vida de otras mujeres.
Ante todo el andamiaje legal que nos hemos dado para que nuestros derechos sean respetados, quienes decidimos ejercer la política como profesión estamos obligadas a comprender que nuestra llegada a los cargos públicos debe mostrar que el ejemplo tiene más fuerza que las reglas.
