Hasta marzo de 2024, el gobierno federal reconoció que en México hay casi 100 mil personas desaparecidas, pero ante el reclamo social, la postura del obradorato es de una pasividad casi criminal.
No se puede olvidar que los morenistas llegaron al poder reclamando a los gobiernos anteriores, la solución de añejos y dolorosos problemas para los mexicanos: el crecimiento de la inseguridad pública, el aumento de las formas de violencia y la vergonzosa impunidad, privilegio de los criminales. Se alzaron en protestas públicas y abanderaron causas que terminaron siendo un pretexto electoral, pues al llegar al poder, simplemente las abandonaron.
Tuve la oportunidad de participar, como representante de la bancada del PAN en el Senado, en la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que dio como origen la Comisión Nacional de Búsqueda. La discusión fue intensa; compartí con las entonces senadoras Angélica de la Peña y Cristina Díaz, sesiones álgidas en las que el dolor de los miembros de los colectivos de buscadoras era palpable, evidente y, por supuesto, justificado.
Nunca imaginé que durante este sexenio, la lucha de tantas y tanta personas que creyeron en el tabasqueño se reduciría a cenizas. Las madres y los padres siguen buscando a sus hijas e hijos, ante la indiferencia gubernamental que juró ser "diferente" en las acciones pero que terminó en la soledad de las búsquedas.
He comprobado -una y otra vez- que ninguna ley cambia conducta humana y, para colmo, llevamos décadas pensando que “las grandes” reformas legislativas", por obra y magia del poder supremo, desaparecerán todos los problemas de las y los mexicanos.
Para la corrupción, “que se modifique la ley”.
Para atender el cáncer, “que se modifique la ley”.
Para cuidar el medio ambiente, “que se modifique la ley”.
Para evitar los asesinatos, “que se modifique la ley y aumenten las penas”.
¿Y para cuándo se modifican las conductas?
¿Y en qué momento cambia la voluntad política para cumplir con la responsabilidad?
Y ahora, para que las mujeres no desaparezcan, basta escuchar a la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, tras encontrar el cuerpo de la joven Paola Andrea Bañuelos:
“Definitivamente creo que nos alerta como padres de familia estar al pendiente y como amigos también y como comunidad de que las jovencitas no viajen solas por cualquier motivo, cualquiera que haya sido la salida definitivamente y aunque sean vehículos de plataforma…”.
Sí, eso dijo: ¡que las jovencitas no viajen solas!
Sí, eso dicen: ¡que las jovencitas no salgan de sus casas!
Sí, que la responsabilidad de vivir sin miedo recaiga en las jóvenes y no en las autoridades, que sigan los abrazos a los delincuentes, que se siga culpando al Poder Judicial, que sigan las culpas al pasado, porque este gobierno sigue ocupado en ganar elecciones, evadir sus responsabilidades y presumir los logros de interés para Palacio Nacional: que el tabasqueño es el segundo presidente más popular según una encuesta difundida -así como las dirigencias partidistas de la oposición están ocupadas en las estridencias internas para salvaguardar sus cotos de poder-. Poco importa que se vulneren los derechos humanos de la población.
Sin duda alguna, hace falta cambiar este país, pero eso sucederá cuando las ganas de actuar y resolver sean mayores que los egos personales y las ansías de mantener el poder al precio que sea.
Es lamentable ver como el dolor ajeno se hace todavía más ajeno y el dolor evitable no se quiere evitar, por quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Es evidente que no quiere, ha demostrado que no puede, porque no sabe, y lo peor es que nadie le exige.
Es larga la lista de mujeres, niñas y adolescentes que han perdido la vida, y después de seis años, no hay una señal que nos devuelva la seguridad, la tranquilidad y la calma en nuestro día a día. Las mujeres seguimos en riesgo permanente.