En octubre de 2023 daba formalmente inicio la destrucción del Poder Judicial: 13 fideicomisos se desaparecían en el Congreso de la Unión, con la aprobación unilateral de los legisladores de Morena y sus aliados, con lo cual 50 mil trabajadores resultaban afectados.
El tema no paró ahí, pues empezó la cantaleta del "plan C" y la embestida fue brutal. Todo el poder del gobierno se centró en derrumbar trayectorias y sembrar odio contra las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el único propósito de concentrar el poder de las decisiones en la figura presidencial.
Hoy nos encontramos en el penoso escenario de ver, por fin, consolidadas las intenciones de quienes llegaron al poder en 2018 y pretenden hacer de la justicia su negocio personal, con el pretexto de la “defensa del pueblo”.
El patético espectáculo de la tómbola, encabezado por el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, es muestra de lo frágil que será la justicia en tiempos de la cuarta.
Por más que se pretenda asegurar que son los ciudadanos los que elegirán a los jueces, magistrados y ministros, la realidad es que Morena ha seleccionado a los candidatos que aparecerán en las boletas para junio de este año.
Los comités de selección, tanto del legislativo como del ejecutivo, fueron evidentemente parciales para incluir los nombres de personajes allegados al círculo de poder de los cuatroteístas. En principio, quien fue el instrumento que consolidó la traición a la República, Arturo Zaldívar, colocó al menos a 9 de sus allegados, con la certeza de que será el pago del oficialismo por haber entregado a quienes fueron sus colegas.
Las redes sociales nos han mostrado también los enormes riesgos de que personajes ligados al crimen organizado se encuentren en las boletas, pero la justificación de que “el pueblo lo decide todo” es la constante en el gobierno para engañar y justificar todas las tropelías que han cometido en este proceso.
La realidad es que los ciudadanos no conocerán ni trayectorias, ni trabajo, mucho menos será la meritocracia -que tanto desprecian los morenistas- lo que influya en la elección de junio. Las listas que incluyen todo tipo de errores serán poco conocidas y la máquina electoral, que es el oficialismo, decidirá -por todos los mexicanos- en manos de quiénes estará la administración de la justicia.
Es tal la desorganización -podría asegurar que es intencional- en el proceso, que 222 personas que aparecieron en las listas de candidatos enviadas al Instituto Nacional Electoral (INE), han declinado su participación. El interés por participar en este proceso es casi nulo, lo que facilita, sin duda al gobierno, consolidar el atropello y el fraude a la justicia.
No obstante, vale la pena reconocer a las diversas voces que se han alzado para la defensa de uno de los Poderes de la Unión, profesionales con carrera judicial que tienen claro que la justicia no puede ser selectiva, vengativa y mucho regresiva, ni estar sujeta a intereses ideológicos o políticos que tergiversan el cumplimiento de la ley.
Hoy los mexicanos están preocupados por la difícil situación de nuestro entorno, que es inseguro, sin salud pública, sin un cambio positivo en el corto plazo, y con la amenaza permanente, nacional e internacional, para ellos, su futuro y el de su familia. No se puede tolerar el circo de la justicia.
Política y Activista
