En medio de la vorágine informativa sobre la falta de decencia pública de los morenistas que incluyen excesos, derroches económicos y vínculos con los grupos criminales, el gobierno de México anunció la creación de una comisión especial para la elaboración de una propuesta de reforma electoral.
El anuncio y la narrativa que han implementado los operadores del oficialismo forman parte del ya acostumbrado populismo del régimen, para mantenerse en el poder.
Hasta la fecha, no hay todavía un documento que nos indique en realidad cuáles serían las propuestas específicas del oficialismo, pero en estos años de gobiernos morenistas, una y otra vez nos demuestran que cada día pueden superar sus incongruencias y destruir todas las instituciones que les estorban para la transparencia y la rendición de cuentas.
Existe una preocupación legítima sobre el rumbo de nuestra democracia. No es para menos: tocar al Instituto Nacional Electoral (INE) y redefinir las reglas del juego político implica, en los hechos, preguntarnos ¿para qué se quiere la reforma electoral?
Basta con revisar el discurso del régimen para entender la magnitud del debate. Se habla de reconfigurar el INE, reducir financiamiento a partidos, disminuir el número de legisladores y cambiar la forma en que se eligen los consejeros electorales. El discurso de eficiencia y modernización parece sensato, especialmente en un país donde la vida pública exige mayor racionalidad en el gasto y una actualización de procesos. Sin embargo, la democracia no se construye solamente con ahorros, sino con garantías institucionales sólidas.
Pero ¿cómo alguien podría oponerse, por ejemplo, a quitarle recursos públicos a los partidos políticos que no gozan de la simpatía ciudadana?
¿Quién no apoyaría la desaparición de los legisladores de representación popular, luego de que se han satanizado? ¿Quién le quita “al pueblo bueno” la idea de que ellos están eligiendo a sus representantes en “libertad”?
Lamentablemente, parte de la clase política del país se ha encargado de alimentar dichas narrativas. Pero en realidad, ¿esas medidas populares son benéficas para el país y la democracia?
Desde sus inicios, el INE fue referente de autonomía y vigilancia electoral en Latinoamérica. Modificar su estructura podría abrir la puerta a una influencia mayor del Ejecutivo sobre los procesos comiciales y debilitar el principio fundamental de los contrapesos. De por sí, los órganos electorales fueron ya colonizados por los morenistas, las relaciones y subordinaciones son evidentes, pero ahora pretenden pasar de la intervención personal a la implementación institucional.
El rechazo de muchos miembros de la oposición ha sido categórico y no solo por razones partidistas. Las críticas apuntan a riesgos concretos: la reducción de recursos podría afectar la representación de minorías y el cambio en la elección de consejeros abre la puerta a la regresión autoritaria -todavía más- de los órganos electorales. Además, se ha señalado la falta de consenso y diálogo plural, elemento indispensable en una reforma de calado tan profundo.
Sin embargo, hay algunos elementos que nos indican que los cambios también apuntan en otras direcciones, como, por ejemplo:
- Una reconfiguración de los grupos internos del oficialismo que los llevaron al poder: los obradoristas que se niegan a dejar en libertad las decisiones de la actual mandataria y pretenden mantener vigente la presencia del líder tabasqueño, pues de su sobrevivencia depende que la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, no los afecte, dados sus visibles vínculos con los poderes fácticos y las consecuencias que esto podría traer.
- El impulso a nuevas fuerzas creadas desde el poder, para intentar reemplazar las actuales oposiciones partidistas que no han logrado canalizar la molestia ciudadana por el pésimo manejo de la política pública, por parte del gobierno. En este tema, especialmente en lo relativo a las primerías minorías, debemos seguir con atención las posiciones públicas de Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, así como las organizaciones que están camino a conseguir sus registros como partidos políticos, específicamente el que se impulsa desde Palacio Nacional.
Este debate no es menor. Va más allá de la agenda de partidos: interpela a la sociedad sobre el tipo de democracia que queremos. Hemos visto movilizaciones y discusiones públicas que reflejan una ciudadanía atenta, preocupada y dispuesta a defender los logros democráticos de las últimas décadas, pero también desencantados por la falta de liderazgos creíbles que encabecen esas batallas.
El desenlace de esta reforma será decisivo. ¿Estamos construyendo instituciones más fuertes y representativas, o allanando el camino para la concentración de poder? Como ciudadanía, toca exigir transparencia, debate y, sobre todo, respeto irrestricto a los principios democráticos que tanto nos ha costado conquistar.
Y como miembro del Partido Acción Nacional, hago votos porque se comprenda la magnitud del reto que no se enfrenta sólo con posiciones mediáticas o propuestas que, sin restarles valor, se queden sólo en los mensajes de redes sociales o en las cúpulas nacional y locales, sino con la fuerza de la reorganización de estructuras en todo el país, que nos debieran llevar a una convocatoria amplia, incluyente y organizada, lo que hasta el momento no hemos visto.
Política y Activista
