No iré a votar en la elección judicial del próximo domingo y te convoco a que tampoco tú lo hagas. Te doy mis razones:
López Obrador terminó su sexenio y nos dejó un país en ruinas; lo cerró con la instrucción específica de consolidar su plan C, el de la catástrofe institucional, el de la eliminación del equilibrio de poderes y el de la contradictoria lucha democrática con la que se vendió electoralmente.
Este primero de junio, el oficialismo moverá a sus clientelas electorales, ya sea a través de los siervos de la Nación, de los gobernadores, legisladores y alcaldes que forman parte de Morena y sus aliados, para consolidar en las urnas el mayor fraude a la vida libre y democrática de México.
La elección judicial está marcada por la mentira y la simulación, que inició con la llegada de Morena al poder en 2018. Han usado a los pobres y los más vulnerables como su pretexto y en el "nombre del pueblo" han cometido abusos y atropellos, fortaleciendo prácticas que en el pasado criticaron.
En el 2024, los cuatroteístas emplearon todos los recursos de los gobiernos federal, estatales y municipales morenistas y de sus aliados, además de utilizar la ayuda de los poderes fácticos para imponerse nuevamente en el gobierno federal, violar todas las normas electorales y colonizar el Instituto Nacional Electoral.
Además de tener el Poder Ejecutivo Federal y controlar el Poder Legislativo, se propusieron también acabar con el Poder Judicial, el único al que no habían dominado: le quitaron presupuesto, emprendieron una campaña de desprestigio, destruyeron trayectorias y personas, usaron el dinero de los trabajadores y reformaron la Constitución, de manera perversa y corrupta.
Con todo y la sobrerrepresentación que a la mala se adjudicaron -con la complicidad de algunos magistrados electorales y conscientes de que no les correspondía por los votos que obtuvieron en las urnas, y aunque ya tenían al INE intervenido-, no lograron la mayoría calificada en el Senado de la República, con lo cual no podrían llevar a cabo sus malintencionadas modificaciones constitucionales. Entonces, muy a su estilo, recurrieron a la táctica de doblegar adversarios con extorsiones, chantajes y amenazas, encontrándose con una débil oposición partidista en la que políticos mercenarios, como los Yunes, pero también como Araceli Saucedo, José Sabino Herrera y Daniel Barreda se convirtieron en los aliados perfectos para traicionar la voluntad popular.
La reforma constitucional cambia el modelo de elegir a los juzgadores en México, pero no fortalece la justicia, porque no elimina los vicios que decían combatir. Al contrario, exponen a los mexicanos a una justicia selectiva, sin estándares profesionales, sin el conocimiento de la ley y con muchos candidatos que tienen graves señalamientos de corrupción, delitos sexuales y de vínculos con el crimen organizado.
Respeto a quienes legítimamente creen en la participación electoral de los ciudadanos y piensan que votar es lo adecuado “porque así se quitaron los vicios del pasado”, argumentando que éste ya es el modelo que nos impusieron: el de justicia del voto popular. Sin embargo, es fundamental señalar que la democracia no sólo es nuestro
derecho a votar, cuando son las cúpulas del oficialismo las que han elegido ya a quienes ocuparan los espacios.
No votaré, porque no estoy de acuerdo con este modelo impuesto para seleccionar a ministros, jueces y magistrados: ellos no son representantes populares, son más bien los garantes de la ley, que deben interpretarla e impartir justicia con conocimientos técnicos y sin vínculos con el poder político.
No votaré, porque con ellos estamos legitimando una farsa creada para que un grupo en el poder mantenga sus privilegios políticos y económicos y, con ello, nos siga conduciendo al precipicio.
No votaré, porque, aunque haya algunos perfiles profesionales, la garantía de la justicia se perdió y estará al servicio de los poderosos.
Por eso hago un llamado enérgico a las dirigencias partidistas de la oposición a que, con urgencia, se reorganicen e impulsen un cambio social que dignifique la participación ciudadana, que regrese la confianza en las instituciones y fomente la participación cívica.
Hago un llamado a reconstruir las instituciones electorales y a reorganizar la lucha social que, de manera individual y descoordinada, están ejecutando con valentía miles de mexicanos desde sus trincheras, pero no encuentran un espacio político para intervenir de manera directa en la toma de decisiones que nos conduzca a un mejor país.
No validaré el plan C de la catástrofe institucional, pero sí seguiré luchando por la reconstrucción de un México mejor para las nuevas generaciones, por la división de poderes y la recuperación de la Patria.
