México experimenta profundos cambios en materia judicial, electoral, política y social. En 2024, la ciudadanía, a través de las elecciones para cargos en el poder ejecutivo, legislativo y próximamente judicial, ha sido clave en la constante reconfiguración nacional. Sin embargo, la democracia no se agota en las urnas; es en la participación y el acompañamiento cotidiano donde se asegura el respeto, promoción y exigencia de derechos y servicios.
En este contexto, la rendición de cuentas de las personas servidoras públicas e instituciones debe realizarse mediante mecanismos eficaces, pues la sociedad busca colaborar, pero a menudo se desanima ante procesos burocráticos o estériles. Aquí, la transparencia proactiva y la participación efectiva deben, por lo tanto, consolidarse como los ejes de una política nacional que motive y fortalezca el vínculo entre la ciudadanía y el gobierno, y a la cual es necesario apostar.
A nivel internacional, es evidente la importancia de abrir las instituciones públicas a la sociedad en épocas de transición. Por ejemplo, en Sudáfrica, después de décadas de apartheid, de violaciones graves a los derechos humanos, y de delitos de lesa humanidad, en 1995 se estableció la Comisión para la Verdad y la Reconciliación con la intención de investigar los crímenes cometidos durante ese período y promover la reconciliación nacional.
La Comisión abrió sus archivos, a través de distintas instituciones, y permitió a las víctimas directas e indirectas acceder a la información y participar en el proceso de investigación. Esto permitió que se revelara la verdad sobre los crímenes cometidos y se identificaran a los responsables procurando el derecho a la verdad de un pueblo que necesitaba reconciliarse con su pasado atroz.
En el caso del Estado mexicano, también vivimos un momento histórico. Conscientes de ello, el INAI y los organismos garantes de las entidades federativas estamos trabajando en la construcción de una política nacional que permita, por poner un ejemplo semejante al de Sudáfrica, que las Madres buscadoras, que son un grupo de personas que tratan de localizar a sus familiares víctimas de desaparición forzada, tengan un espacio de diálogo cercano y seguro con las instituciones de investigación y procuración de justicia para que puedan trabajar en la agenda de derechos humanos y obtener información clave sobre el paradero de sus hijas e hijos, fortaleciendo a través de un trabajo coordinado la memoria, la justicia y la reparación integral de las y los desaparecidos.
Esta Política de Apertura Institucional tiene como objetivo abrir las instituciones públicas para que la transparencia proactiva y la participación efectiva contribuyan al fortalecimiento del Estado abierto de derecho, la protección de los derechos humanos, las libertades y la promoción de una democracia deliberativa con un horizonte a 2035. Una meta impulsada por la necesidad de que México sea cada vez más abierto, incluyente y progresivo.
Si bien, la apertura institucional es el resultado de la efectividad del derecho de acceso a la información y de la promoción de la participación de las personas en los asuntos públicos, el gran reto de la siguiente década será innovar en la generación de mecanismos y herramientas que atraigan a las diferentes generaciones a participar con las instituciones públicas, por lo que la cultura de la apertura deberá adherirse a cada persona, niño, niña, joven, o adulto que quiera participar en este nuevo proyecto democrático.
