La desaparición del INAI plantea necesariamente una interrogante: ¿podrá el gobierno garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales con igual o mayor eficacia ahora que asuma las funciones del INAI?
El diseño institucional del INAI ha permitido que la ciudadanía tenga garantizados ejercer su derecho a saber y su derecho a la privacidad. El traslado de las funciones del INAI a instancias gubernamentales que no son independientes hace pensar, de manera justificada, que podría haber retrocesos en estas áreas.
Los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales son esenciales para la normalidad democrática. El primero permite a la ciudadanía conocer y cuestionar el ejercicio de la administración pública, mientras que el segundo salvaguarda la privacidad de las personas en un entorno digital cada vez más invasivo y en un ambiente de seguridad cada vez más comprometido. Durante años, la autonomía del INAI ha garantizado que estos derechos se protejan sin interferencias políticas. Sin este equilibrio, el riesgo de opacidad, politización y manipulación aumenta.
Por ello son altas las expectativas sobre el gobierno y la nueva arquitectura normativa e institucional en torno a estos temas . En un escenario ideal, el gobierno deberá mejorar la calidad y accesibilidad de la información pública, lo cual implica no solo mantener los estándares existentes, sino mejorarlos y robustecerlos, para que permitan a la ciudadanía acceder de manera más ágil, segura y oportuna a la información pública. Pero sobre todo, habrá expectativa sobre la postura que habrá de tomar ante las solicitudes de información y las inconformidades ciudadanas que le resulten incómodas.
Por su parte, la protección de los datos personales deberá convertirse en una prioridad ineludible. El acelerado avance de la tecnología requiere de políticas innovadoras y que se adapten velozmente a los constantes desafíos de la era digital. Es esencial que el manejo de los datos personales se realice bajo estrictos estándares que protejan la privacidad de las personas, evitando su uso indebido.
No menos importante será fomentar la apertura institucional a lo largo y ancho de la administración pública, para garantizar un ejercicio de la función pública aún más cercano al pueblo. Este enfoque no solo fortalece la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también contribuye a la construcción de un modelo de gobernanza cada vez más inclusivo y, sobre todo, a que las acciones de gobierno respondan a las demandas específicas de la gente.
Hago un llamado a la sociedad a mantenerse vigilante. La rendición de cuentas no solo depende de las instituciones, sino también de una ciudadanía informada, activa y comprometida.
La desaparición del INAI representa un desafío significativo para el sistema democrático mexicano. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para que el gobierno demuestre su compromiso con los derechos humanos. Para ello, será necesario construir nuevas estructuras y mecanismos sobre las ya existentes, que no solo igualen, sino que superen los estándares hoy establecidos por el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia. La ciudadanía, por su parte, tiene el deber de vigilar y exigir que el acceso a la información y la protección de los datos personales sigan siendo respetados y garantizados como los derechos humanos que son.
Que así sea.
Comisionado Presidente del INAI