En la semana que concluye se tenía prevista en la Cámara de Diputados la discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales en materia de simplificación orgánica, a través de la cual se extinguirían diversos organismos autónomos, entre ellos el INAI. Sin embargo, el miércoles 13 de noviembre, se conoció la determinación en dicha Cámara de posponer la discusión una semana, lo cual abre la posibilidad de insistir en nuevos espacios de diálogo con el Poder Legislativo.
En lo que respecta a la posible extinción del INAI, deseo compartir cinco aspectos que merecen especial atención. Primero, el acceso a la información como la protección de datos personales son una de las funciones del Estado mexicano que necesariamente requieren de una instancia independiente e imparcial para su garantía, así como para la resolución de controversias entre los sujetos obligados de la ley y las personas peticionarias.
Segundo, sobre el alcance nacional de los derechos referidos. La iniciativa no sólo implica desaparecer al INAI, sino también a sus equivalentes en las entidades federativas y con ello, al Sistema Nacional de Transparencia. Este Sistema ha sido el mecanismo de coordinación en materia de acceso a la información y de protección de datos personales en todas las regiones del país; donde se articulan las políticas públicas con alcance nacional. En el mismo sentido, no se hace mención de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la cual, la sociedad puede presentar solicitudes de información y, en su caso, interponer recursos de revisión. Esto, sin mencionar que actualmente, se trata del repositorio que contiene toda la información que difunden los sujetos obligados en los distintos poderes y órdenes de gobierno en México.
En tercer lugar, se debe ofrecer certeza acerca de los recursos y mecanismos que tendrá la sociedad para inconformarse en materia de acceso a la información y de protección de datos personales. Hoy día las determinaciones de los organismos garantes de transparencia son finales e inatacables. Sin embargo, ese aspecto no se aborda en la iniciativa, por lo que se abre una puerta a que las personas peticionarias interpongan recursos legales por otras vías.
En cuarto lugar, se debe considerar que el INAI tiene vigente un contrato de arrendamiento financiero para la adquisición de su sede, que inició en agosto de 2012 y tiene un plazo de 20 años. Este no es un asunto de la reforma, pero sí es importante que, antes de su aprobación, se contemple este compromiso contractual y demás compromisos financieros.
Finalmente, es importante que se tenga claridad del destino del personal de los organismos garantes de transparencia. La iniciativa señala que formará parte de las dependencias y entidades que asuman las funciones de los organismos y que sus derechos laborales serán respetados, lo que implica que también se deberán contemplar los recursos financieros implícitos y las reestructuras en las dependencias y entidades involucradas.
En tanto la iniciativa no cumpla su debido proceso legislativo, estamos a tiempo para dialogar y construir en conjunto, Poder Legislativo, organismos garantes y todas las voces interesadas, un mejor rediseño de la nueva arquitectura del acceso a la información y la protección de datos personales en México. Busquemos un parlamento abierto.
Comisionado Presidente del INAI