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Tras la publicación del decreto en materia de simplificación administrativa que da 90 días para la extinción del Inai, el órgano nacional garante de los derechos de acceso a la información y protección da datos informó que estos no se borran de la Constitución, pero lleva a México a un modelo donde su ejercicio pleno puede resultar complejo.
“La regulación secundaria debe contemplar un nuevo modelo de garantía que precise claramente los procesos y herramientas disponibles para el ejercicio rápido y eficiente del acceso a la información y de la protección de datos personales, imprescindibles en un país justo, libre, igualitario y democrático”.
Por medio de un comunicado, el Inai insistió en que el nuevo modelo deberá establecer criterios homogéneos para garantizar que la sociedad ejerza sus derechos en su máxima expresión y en igualdad de condiciones, cumpliendo con los principios de máxima publicidad y pro persona.
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El Inai dijo que trabajará hasta el último día para garantizar a cabalidad los derechos humanos que dieron vida a este organismo.
“Siempre abierto a ofrecer toda nuestra capacidad, conocimiento y compromiso para contribuir a diseñar el nuevo modelo de garantía de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, por el bien de México”.
Insistió en que el Instituto dejará de existir como institución autónoma, técnica y especializada, pero la transparencia, el derecho a saber y el derecho a un uso legítimo de nuestros datos personales se mantienen.
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“Sólo a través de la demanda ciudadana podrán ser ejercidos a plenitud”, destacó.
El Instituto dijo que por más de 20 años contribuyó al ejercicio de derechos individuales de las personas, abrió información para combatir hechos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos, proteger el medio ambiente o garantizar derechos fundamentales a comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad como migrantes, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad o la comunidad LGBTIQ+.
“El Inai fue clave para los derechos colectivos, como se manifestó en sus resoluciones para conocer sobre las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas; los expedientes Ayotzinapa y Tlatlaya; los casos Odebrecht, La Estafa Maestra o el socavón del Paso Express de Cuernavaca, Morelos”, entre muchos otros más.
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