El hostigamiento y acoso sexual no sólo se deben sancionar como delitos penales, sino que además se tienen que tipificar como faltas administrativas graves, pues aún existe una cultura muy enraizada en el sector público que fomenta la violación de los derechos de las mujeres, consideró la senadora panista al presentar una iniciativa para modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La legisladora del PAN apuntó que en 2019 únicamente se denunció el 11% de estos delitos y, de ellos, únicamente en el 69.1% de los casos se inició una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, lo que arroja una cifra negra de 92.4%.

“Durante ese año se incrementó el número de denuncias y carpetas de investigación, pero, aun así, se mantiene una cifra negra estratosférica”, refirió.

Advirtió que en los ilícitos más claros y graves la gente opta por no denunciar ante el Ministerio Público, por lo que preguntó: “¿qué puede esperarse en los delitos que se perpetran en la intimidad de una oficina pública?”.

“Es claro que en estos casos existen mayores elementos que disuaden la denuncia”, remarcó.

La senadora panista enfatizó que los servidores públicos deben promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

Propuso que todos los órganos internos de control consideren la perspectiva de género para prevenir, atender y erradicar estas conductas en el sector público.

La iniciativa que se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores, plantea que se podrá contar con acciones administrativas que sancionen el hostigamiento y acoso sexual.

Xóchitl Gálvez aclaró que esta propuesta no riñe con la legislación penal porque estas conductas pueden ser investigadas y sancionadas a través de ambas vías.

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ed

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