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“Él me dijo que le causaba mucho placer lastimar lo que más amaba”, recordó entre lágrimas Tania. Esas fueron las palabras que su expareja le dijo antes de sustraer a sus hijos, a quienes busca desde hace un año nueve meses.
Tania es una mujer que se ha enfrentado a la revictimización, burocracia y violencia institucional en México. Durante este tiempo ha tenido que peregrinar en diversas instituciones con un sólo objetivo: encontrar a Bruno y Adam.
“Me acuerdo que se fueron y me les quedé viendo no sé por qué”, rememoró sobre el día en que su expareja se llevó a sus niños. Fue un 16 de junio de 2023. Iban a celebrar el Día del Padre.
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“No te voy a devolver a los niños. Te dije que si no regresabas conmigo esto iba a ocurrir (...) Te los voy a devolver cuando un juez me lo indique”, fue el último contacto que tuvo con su expareja.
De ese día a la fecha, Tania ha acudido al Ministerio Público, Centros de Justicia, el DIF, la Secretaría de Educación Pública y a cualquier lugar donde le ayuden a dar con el paradero de sus hijos; sin embargo, la odisea poco ha valido.
Violentada física, emocional y sexualmente por su expareja, intentó denunciar varias veces, pero la negativa de las autoridades siempre fue la misma: no podemos hacer nada. No iba golpeada, moreteada ni marcada del cuerpo.
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La revictimización aumentó, al punto que un día en el MP le dijeron: “Señora, ya no venga, no le vamos a hacer caso porque no trae nada, no trae marcas” y le pidieron, como muchas otras veces, “solucionar sus problemas dentro de su matrimonio”.
En 2022, tras la separación, su expareja se mudó a Querétaro y estableció con él un acuerdo en el que se determinaba que ella quedaba a cargo de los niños. Del convenio, la situación dio un giro, y fue entonces cuando comenzó a recibir amenazas de muerte y advertencias de que “si no regresas conmigo te voy a quitar lo que más quieres”.
Tania intentó iniciar un proceso legal cuatro veces, el primero por violencia intrafamiliar, el segundo por violación, el tercero por amenazas de muerte y el cuarto por agresiones físicas y violación; ninguno procedió. Las autoridades únicamente giraron medidas de protección por 20 días y se justificaron con “no le hizo nada, de todos modos, si le va a hacer algo, la va a matar, lo va a hacer, tenga un papel o no”.
Hasta la fecha, Tania sigue casada. No ha podido promover un juicio de divorcio debido a que el desconocimiento del paradero de su expareja impide que éste sea notificado. Tampoco ha logrado levantar fichas de búsqueda de Alerta Amber, pues la ley contempla que no existe un delito porque ambos comparten la guardia y custodia de los niños”.
Ante ello, Tania acudió a la SEP para conocer la escuela donde estudiaban sus hijos, pero la institución argumentó que no podía entregar dicha información sino hasta que un juez así lo determinara. En el caso del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la dependencia precisó que estaba fuera de sus facultades gestionar la reintegración de sus niños Bruno y Adam.
“Para proceder se piden muchos requisitos”
Hilda Ofelia Lorenzana Martínez, defensora pública adscrita al área familiar de los Juzgados Familiares de la Ciudad de México, indicó que, en efecto, el simple hecho de notificar a una persona resulta complejo por la cantidad de requisitos.
“Piden muchísimos requisitos, que, si no se cumple uno, no pueden proceder. Esas son las limitantes que pone la ley, porque efectivamente la Constitución señala que nadie puede ser molestado en su persona. Sí, pero ¿cómo te voy a avisar de un juicio si me estás poniendo muchos requisitos? No me das la posibilidad de acceder a la justicia porque me pones trabas”, dijo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la defensora pública reconoció que las víctimas, al llegar al Ministerio Público para iniciar un proceso legal, se enfrentan a procesos burocráticos y caen en la revictimización por parte de funcionarios.
Violencia institucional
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Víctimas realizada por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, 71% de las mujeres encuestadas afirmaron haber sido víctimas de violencia institucional, es decir, por parte de la Fiscalía General, Juzgados Familiares, Tribunal Superior de Justicia, Centro de Justicia para la Mujer, Procuraduría General de Justicia, Ministerio Público y Centro de Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes.
Aunado a ello, Lorenzana Martínez enfatizó que, aunque toda dependencia tiene sus limitantes, éstas tienen la obligación de orientar, apoyar y no revictimizar a los afectados con base en protocolos de atención a víctimas.
Sobre ello, detalló que desde el pasado 2 de diciembre empezó a implementarse el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, cuyo objetivo es unificar la legislación en todos los estados para garantizar una justicia “pronta y expedita” y el cual será aplicado paulatinamente en las entidades federativas.
Asimismo, admitió que el acceso a la justicia es un proceso burocrático por la cantidad de “pasos” que requiere y porque, aunque no debería ocurrir, se debe ser “insistente” para alcanzarla.
Problemas para brindar capacitaciones
Por su parte, la procuradora municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Corregidora, Querétaro, María Fernanda Vega Amador, reconoció que las instituciones presentan problemas para brindar capacitaciones a sus servidores públicos a pesar de que éstas son “constantes”.
Consultada por esta casa editorial, Vega Amador explicó que otro de los problemas que enfrentan las instancias gubernamentales son la carga laboral, la falta de personal e infraestructura y la disminución presupuestal, por lo que “no se dan abasto” con la cantidad de casos que reciben los organismos. “No es suficiente el personal ni los recursos, las capacitaciones de verdad sí las hay”, declaró.
Ante ello, ambas funcionarias coincidieron en que los ciudadanos deben conocer sus derechos e instituciones para saber a dónde dirigirse a fin de agilizar los procesos burocráticos que se requieren cumplir para el acceso a la justicia.
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Actualmente, Tania tiene activo un juicio para obtener la guardia y custodia de sus hijos ante el Juzgado Sexto Familiar del Poder Judicial de Querétaro y hoy, más que temer por las amenazas de muerte de las que fue sujeta, teme por el actuar de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Para ella, la “falta de empatía” y el “poco humanismo” con el que los servidores públicos se dirigen a las víctimas ha sido un golpe fuerte, por lo que su miedo más grande es que su caso quede, como muchos otros, en el tiradero de la impunidad.
“Yo no le deseo ese dolor a nadie. Es horrible. Yo nunca he querido que él no vea a sus hijos. Al contrario, yo quise que todo fuera 50%”.
Pese al viacrucis burocrático y gubernamental, Tania no duda: seguirá buscando recuperar a Bruno y Adam: “Les digo que los sigo buscando, que yo no los abandoné y que estoy haciendo todo lo necesario para llegar a ellos”.
