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México
está siendo víctima de actos de insospechada violencia, que obligan a revisar el enfoque de protección que se ejerce a nivel personas e instituciones , es decir: casas, oficinas, comercios, fábricas e instalaciones de diversos sectores estratégicos como son: vías de ferrocarril, aeropuertos, puertos, aduanas, minas, instalaciones de agua, energía, de seguridad pública e inclusive las de carácter militar, deben estar conscientes que sus modelos de protección deben replantearse, aseguró José Luis Calderón González, vocero de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
Destacó que una estrategia de seguridad física es el conjunto de recursos humanos, tecnológicos y físicos que integrados en políticas y procedimientos deben brindar seguridad y protección.
En conjunto, estos medios son los responsables de proteger y controlar la protección y niveles de riesgo de los distintos activos como son: personas, procesos, equipos, infraestructura, reputación e información.
Experto en seguridad a instalaciones críticas y estratégicas, Calderón González, dijo que cada una de las 126 empresas que integran la AMESP, cuentan con especialidades, capacidades y experiencia para aportar en la construcción de nuevos diseños de sistemas de protección física “ad hoc” al contexto que vive el país.
Adicionalmente, Calderón González, sugirió el uso insoslayable de ciertas metodologías, como el análisis de riesgo pues sin él será difícil conocer lo que realmente se debe proteger, contra lo que realmente se tiene que proteger y cómo es la manera más eficiente de protegerse.
Advirtió que el carecer de un sistema adecuado de protección puede traer consecuencias moderadas o graves que en algunas ocasiones pueden circunscribirse a los límites de la propia persona o instalación; sin embargo, en muchos otros casos, tal como sucede con algunas infraestructuras, sus dependencias o interdependencias pueden generar repercusiones que escalen hacia la propia organización, un sector específico, una región e, inclusive, llegar a dimensiones de magnitud local, regional, nacional y hasta internacional, a esto se le conoce como efectos en cascada.
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Somos testigos, dijo, que ni siquiera las infraestructuras a cargo del Estado e inclusive las de carácter militar están preparadas para enfrentar o resistir las nuevas expresiones de violencia y embates a las que han sido expuestas.
Como ejemplo, está lo que sucedió durante el Culiacanazo, 17 de octubre 2019, donde grupos armados entraron a un penal y atacaron la unidad habitacional militar Siglo XXI en Culiacán.
Otro ejemplo fue lo sucedido el 8 de septiembre del 2020, cuando un grupo de agricultores se enfrentó a más de 200 integrantes de la Guardia Nacional en la presa “La Boquilla”.
En esa ocasión los manifestantes derrotaron al personal castrense a fin de cerrar válvulas e impedir cumplir con un tratado de aguas con Estados Unidos. El resultado: dos muertos.
Un último caso fue lo sucedido en Aguililla, Michoacán hace unas semanas cuando supuestos pobladores que exigían seguridad, lanzaron un camión de basura irrumpiendo violentamente en el cuartel, doblegando al personal, que quedó sin medios físicos de protección, amortiguamiento y resguardo adecuados.
kl